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16/10 2026

En una soleada tarde de jueves, las comunidades educativas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) protagonizaron una nueva movilización en Río Grande. Las columnas partieron desde sus respectivas sedes y confluyeron en la Plaza de las Américas, donde se dio lectura a un extenso documento que reclamó al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y mayores recursos para la ciencia y la tecnología.

En el marco de la Quinta Marcha Federal Universitaria, bajo las consignas de defensa de la educación, la soberanía y la democracia, las tres universidades nacionales con presencia en Río Grande protagonizaron este jueves una importante movilización que reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades académicas y representantes de numerosos sectores de la comunidad fueguina. La jornada se desarrolló durante una tarde soleada y de temperatura agradable, condiciones que acompañaron el desplazamiento de las distintas columnas universitarias por las calles de la ciudad hasta su encuentro en la Plaza de las Américas, escenario elegido para el acto central.

La Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral marcharon desde sus respectivas sedes, acompañadas por sus organizaciones gremiales y centros de estudiantes.

A la convocatoria se sumaron representantes de sindicatos de diferentes actividades, asociaciones civiles, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y veteranos de guerra de Malvinas, quienes expresaron su acompañamiento al reclamo de las comunidades universitarias.

El encuentro tuvo como eje central la exigencia de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo a las políticas presupuestarias del Gobierno nacional que, según señalaron los organizadores, comprometen el funcionamiento de las universidades públicas y la continuidad de sus actividades académicas, científicas y de extensión.

La UTN fueguina marchó con sus principales autoridades académicas

Una de las columnas estuvo integrada por la comunidad de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, encabezada por su decano, ingeniero Francisco Javier Álvarez, y su vicedecano, ingeniero Demian Ferreyra. La representación de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) estuvo encabezada por su presidente, licenciado Fabio Seleme, y su vicepresidente, profesor Hugo Schneider.

Por su parte, la representación del sector no docente contó con la participación de Ana Milano. La delegación de la UTN también estuvo integrada por autoridades de las diferentes áreas académicas e institucionales, entre ellas el secretario de Ciencia y Tecnología, ingeniero Gustavo Tielens; la secretaria de Asuntos Estudiantiles, ingeniera Iara Galichini; y el secretario Académico, Martín Sebeca.

Asimismo, participó Fabio Seleme en su carácter de secretario de Extensión Universitaria de la Facultad Regional. La presencia estudiantil estuvo representada por el Centro de Estudiantes Tecnológicos, encabezado por Julio César Lozano, mientras que la agrupación de Jubilados Tecnológicos participó bajo la conducción de Carlos Clark.

La convocatoria contó con el acompañamiento de organizaciones sindicales, sociales, políticas, centros de estudiantes y veteranos de guerra de Malvinas. Acompañaron, entre otros, el intendente Martín Pérez, la presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora y concejales de distintos bloques políticos y funcionarios municipales y provinciales.

En tanto también se lo vio al concejal mandato cumplido de Río Grande y presidente de la Cámara de Turismo de Tolhuin, Raúl Moreyra y referentes gremiales como Guillermo Vargas (Sindicato de Camioneros); Javier Escobar (ASIMRA), el Dr. Raúl Liscio de APJAE (Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Seccional Tierra del Fuego), entre otros muchos.

La movilización reunió de esta manera a diferentes generaciones vinculadas con la universidad tecnológica fueguina, desde estudiantes que actualmente cursan sus carreras hasta trabajadores jubilados que mantienen su pertenencia a la institución.

Las tres universidades confluyeron en la Plaza de las Américas

Las columnas de la UTN, la UNTDF y la UNPA se encontraron en la Plaza de las Américas, donde se desarrolló el acto central de la jornada. Los manifestantes desplegaron banderas de sus respectivas universidades y organizaciones gremiales, además de carteles con consignas vinculadas con la defensa de la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Antes de comenzar la lectura del documento, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Posteriormente, estudiantes y docentes de las tres instituciones universitarias fueron leyendo, de manera alternada, diferentes fragmentos del documento elaborado para esta Quinta Marcha Federal Universitaria.

El pronunciamiento abordó la situación presupuestaria de las universidades nacionales, el deterioro salarial, las dificultades que atraviesan los estudiantes para sostener sus carreras y el impacto de la reducción de recursos sobre el sistema científico y tecnológico argentino.

El reclamo central: que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

El documento, titulado “V Marcha Federal Universitaria: por la educación, la soberanía y la democracia”, planteó que la movilización constituye una expresión de la voluntad de la comunidad universitaria y de la ciudadanía de exigir el cumplimiento de la legislación vigente.

En uno de sus primeros párrafos, los organizadores señalaron: “Esta nueva Marcha federal universitaria es la manifestación de la voluntad de la comunidad universitaria, pero también de la ciudadanía toda, de hacer cumplir el principal instrumento para su sostenimiento: la Ley de Financiamiento Universitario”. El pronunciamiento cuestionó el incumplimiento de esa normativa por parte del Poder Ejecutivo nacional y sostuvo que esta situación trasciende la discusión presupuestaria, al involucrar también el respeto por las decisiones del Congreso y del Poder Judicial. En ese sentido, el documento expresó:

“El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”. Los organizadores hicieron referencia a las decisiones judiciales que, según consignaron, establecieron la obligación de aplicar disposiciones vinculadas con los salarios universitarios y las becas estudiantiles.

También reclamaron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al considerar que su contenido afecta normas sancionadas por el Congreso de la Nación.

Salarios universitarios y negociación colectiva

Uno de los capítulos más importantes del documento estuvo dedicado a la situación de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales. Los representantes universitarios advirtieron sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios y sus consecuencias sobre las condiciones de vida de quienes sostienen diariamente las actividades de enseñanza, investigación, extensión y administración. “La decisión del gobierno nacional de asfixiar las universidades nacionales tiene uno de sus núcleos más duros en el ataque al salario y a la negociación colectiva de trabajadores docentes y no docentes”, sostuvo el texto.

Asimismo, los organizadores cuestionaron el deterioro de los ingresos durante los últimos años y advirtieron que esta situación pone en riesgo la continuidad de las carreras académicas y la preservación de conocimientos y capacidades técnicas acumuladas durante décadas. El documento también reclamó el reconocimiento de las paritarias como ámbito institucional para resolver las condiciones laborales y salariales.

Entre los asuntos pendientes mencionó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la revisión del nomenclador preuniversitario, los problemas de las plantas docentes y no docentes, los fondos de capacitación, las garantías salariales y la incorporación de los montos salariales a conceptos remunerativos y bonificables.

También se expresó preocupación por las condiciones del sistema de salud y jubilatorio de los trabajadores universitarios. “No vamos a resignarnos a perder nuestra salud y nuestro derecho a una jubilación digna”, afirmaron.

Las becas estudiantiles y las dificultades para continuar estudiando

Otro de los ejes del pronunciamiento estuvo relacionado con las dificultades económicas que enfrentan miles de estudiantes universitarios para sostener sus trayectorias académicas. El documento planteó que la gratuidad de la enseñanza superior, aunque constituye una condición fundamental del sistema universitario argentino, debe estar acompañada por políticas que garanticen la permanencia y el egreso de los estudiantes. En este sentido, señaló:

“Las becas no constituyen un subsidio ni un gasto: son la herramienta imprescindible para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de miles de jóvenes que necesitan del apoyo estatal para sostener sus estudios”. Los organizadores cuestionaron particularmente la situación de las Becas Progresar, cuyos montos, según indicaron, permanecen congelados en 35.000 pesos desde 2024.

Advirtieron que ese importe resulta insuficiente para afrontar gastos básicos relacionados con el transporte, los materiales de estudio y otras necesidades de la vida universitaria. También mencionaron las dificultades administrativas para acceder a los beneficios y reclamaron mayor transparencia en los procesos de convocatoria y adjudicación.

A ello sumaron su preocupación por la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el congelamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN). Según expresaron, el debilitamiento de estos programas amenaza particularmente las posibilidades de acceso y continuidad de los estudiantes provenientes de sectores de menores recursos.

El Presupuesto 2027 y la advertencia sobre el funcionamiento de las universidades

La discusión sobre el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 ocupó otro lugar destacado en el documento. Los representantes de las universidades cuestionaron que la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo nacional no contemple los recursos establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario ni mecanismos suficientes para recuperar las pérdidas presupuestarias acumuladas. En ese contexto, advirtieron que las dificultades económicas afectan no solamente el funcionamiento cotidiano de las instituciones, sino también la continuidad de proyectos de investigación, actividades de extensión, adquisición de equipamiento y vinculación con los sectores productivos.

“Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”, señalaron. El documento también hizo referencia a la propuesta presupuestaria elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que plantea mayores recursos para garantizar el funcionamiento del sistema. De acuerdo con lo expresado durante la movilización, el presupuesto universitario debería incrementarse un 33,4% respecto de las partidas contempladas en el proyecto presentado por el Gobierno nacional.

Los organizadores consideraron indispensable que la Ley de Presupuesto 2027 respete los recursos establecidos por la legislación de financiamiento universitario y contemple también una mejora sustancial para los demás niveles de la educación pública. “No hay universidad de calidad sin un sistema educativo integrado y con capacidad de dar respuesta a las demandas y necesidades reales de nuestro pueblo”, afirmaron.

Ciencia, tecnología y soberanía nacional

La defensa del sistema científico y tecnológico argentino constituyó otro de los aspectos centrales del documento. Los organizadores señalaron que las universidades nacionales cumplen un papel estratégico en la producción de conocimientos, la formación de investigadores y el desarrollo de soluciones para los problemas económicos, sociales, ambientales y productivos del país. En ese sentido, remarcaron la importancia del sistema universitario federal y su presencia territorial, particularmente en las regiones más alejadas de los principales centros urbanos.

“La ciencia y la tecnología son parte sustantiva de la universidad pública argentina y contribuyen de manera fundamental a la soberanía del conocimiento y de la soberanía tecnológica”, expresaron. También advirtieron sobre la disminución de investigadores jóvenes, las dificultades para acceder a becas científicas, la paralización del financiamiento de proyectos y las restricciones para adquirir insumos y equipamiento. El documento alertó, además, sobre la pérdida de recursos humanos altamente especializados como consecuencia de la emigración de científicos e investigadores.

“El éxodo de científicas y científicos que nuestro país formó es una realidad que debemos revertir de manera urgente. Cada persona que sale del sistema es una carrera que se apaga, es una región que se empobrece”, señalaron. Los organizadores consideraron que defender la universidad pública implica también preservar la capacidad nacional de producir conocimiento y promover el desarrollo científico y tecnológico en todas las regiones del país.

La universidad pública como herramienta de movilidad social

El documento también realizó un recorrido por los principios históricos que caracterizan al sistema universitario argentino. Entre ellos mencionó la autonomía y el cogobierno, la gratuidad, el ingreso irrestricto, la inclusión territorial, la extensión universitaria y el reconocimiento de los derechos laborales de quienes trabajan en las instituciones. Los participantes destacaron que la universidad pública permitió ampliar el acceso a la educación superior y facilitar la incorporación de sectores medios y populares a la formación profesional.

En esa línea, reivindicaron el papel de las universidades en la construcción de una sociedad con mayores oportunidades y en la consolidación de un modelo de desarrollo nacional. “La universidad pública es una herramienta fundamental de justicia social, movilidad social ascendente y construcción de soberanía nacional”, expresaron.

También remarcaron que la educación, la salud, el trabajo digno, la cultura, el sostenimiento de la industria nacional y la protección de los recursos naturales constituyen responsabilidades fundamentales del Estado.

Fabio Seleme agradeció el acompañamiento de las organizaciones

Durante el acto, el licenciado Fabio Seleme tuvo a su cargo el reconocimiento a las numerosas organizaciones que acompañaron la movilización universitaria. Entre las entidades sindicales mencionó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ASIMBRA, UPCN, Trabajadores de Obras Sanitarias, Sindicato de Camioneros, SATSAID, Centro de Empleados de Comercio, SUTEF, Sindicato Austral de Luz y Fuerza, Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Río Grande, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), organizaciones judiciales; APJAE (Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía Seccional Tierra del Fuego) y SUETRA.

También agradeció especialmente al Sindicato de Camioneros por haber facilitado el equipamiento de sonido utilizado durante el acto. En cuanto a las organizaciones políticas y sociales, se mencionó la presencia de Referentes Barriales, Unión Cívica Radical, Partido Cerro, Movimiento Evita, Partido Verde, Multisectorial de Derechos Humanos, Provincia Grande, FORJA, Partido Justicialista de Tierra del Fuego, Peronismo de la Soberanía, ex presos políticos de Coronda, Izquierda Socialista, Partido Patria Grande, Movimiento Popular Fueguino y Corriente Clasista Combativa (CCC).

Seleme también reconoció la participación de los sindicatos pertenecientes a las propias universidades, entre ellos SIDU, ADUF, AFUDI, APUN, APUTN y FAGDUT.

El agradecimiento se extendió a los centros de estudiantes de las tres universidades, al Centro de Estudiantes Tecnológicos, a los Jubilados de la UTN y a estudiantes de otras instituciones de formación superior, entre ellos el Instituto Provincial de Educación Superior (IPES) y el Instituto Superior del Profesorado Río Grande (ISPRG).

En su intervención, Seleme sintetizó el objetivo de la convocatoria: “Compañeros y compañeras, hoy las tres universidades que tienen su sede en Río Grande hacemos esta marcha para pedir que el gobierno cumpla la ley”. La participación de organizaciones de diferentes sectores sindicales, sociales y políticos reflejó el alcance de una convocatoria que trascendió a las comunidades universitarias y reunió a distintos espacios de la sociedad fueguina.

Un cierre con la Marcha de las Malvinas

En la parte final del documento, los organizadores reafirmaron su compromiso con la defensa de las universidades públicas y del sistema nacional de ciencia y tecnología. “Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, expresaron.

El pronunciamiento también destacó que la educación superior y la investigación científica constituyen herramientas indispensables para alcanzar mayores niveles de desarrollo, autonomía y equidad social. En sus párrafos finales, los representantes universitarios convocaron a continuar defendiendo el derecho a la educación y el sostenimiento de las instituciones públicas.

El documento concluyó con las consignas: “Por una patria democrática. Por una patria soberana. Por una patria educada”. Y finalizó con una expresión que sintetizó el espíritu de la convocatoria: “Viva la universidad pública, Viva el pueblo argentino”. Tras la lectura del documento, los presentes entonaron la Marcha de las Malvinas, que constituye también el Himno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

De esta manera concluyó en la Plaza de las Américas la Quinta Marcha Federal Universitaria, una jornada en la que las tres universidades nacionales con presencia en Río Grande, junto con sus trabajadores, estudiantes y numerosas organizaciones de la comunidad, volvieron a reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la preservación de la educación pública argentina.

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