Intervino la Justicia y se pudo inspeccionar el puerto de Ushuaia

La fiscalización ambiental del puerto de Ushuaia, realizada por disposición judicial después de reiteradas negativas de la intervención nacional, permitió constatar el funcionamiento del taller portuario y la presencia de tambores vinculados con residuos peligrosos. El procedimiento abarcó distintos sectores de la terminal y sus resultados serán analizados por los equipos técnicos provinciales.

Lisi Cristófano, secretaria Legal del Ministerio de Producción y Ambiente, explicó en ((La 97)) Radio Fueguina que el ingreso se concretó después de varios meses de gestiones infructuosas ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). Según precisó, desde junio o julio existía una negativa absoluta a permitir el trabajo de los inspectores provinciales.

La controversia se profundizó cuando el organismo nacional aseguró que no había residuos peligrosos dentro del establecimiento. Sin embargo, la Provincia contaba con antecedentes de materiales almacenados antes de la intervención, pendientes de tratamiento. Esa contradicción motivó la presentación judicial y la posterior autorización para fiscalizar.

Cristófano explicó que, durante la inspección, “a prima facie sí encontramos que el taller estaba trabajando y que estaban los tambores de siempre”, una constatación relevante frente a las respuestas anteriores de ANPyN. Aclaró que “el residuo peligroso no es que la sociedad tiene que ponerse una alarma respecto de esto”, dado que, según explicó, se trata de materiales que requieren tratamientos especiales y no pueden enviarse al relleno municipal.

La diligencia incluyó el muelle comercial, el de catamaranes, el taller, la plazoleta fiscal y un sector de relleno contiguo. Esos lugares fueron identificados previamente ante el Juzgado de Instrucción N° 2, conforme al conocimiento acumulado por los inspectores provinciales.

Respecto del procedimiento, la funcionaria detalló: “Nos apersonamos con agentes de las áreas de Gestión Ambiental y de Recursos Hídricos a labrar actas”, documentación que posteriormente será evaluada para determinar eventuales requerimientos a la administración portuaria.

La intervención judicial también permitió sostener la competencia provincial sobre los controles ambientales. Cristófano remarcó: “Nosotros somos la autoridad para poder fiscalizar en materia ambiental, porque el puerto está en la provincia”, independientemente de quién administre actualmente las instalaciones.

Ahora corresponde elaborar los informes técnicos, comunicar sus conclusiones a ANPyN y remitir las actuaciones a Fiscalía de Estado y al juzgado interviniente. La funcionaria recordó que, además de la inspección anual obligatoria, Ambiente supervisa los residuos desembarcados por buques y cruceros durante la temporada.

Finalmente, destacó que el operativo se desarrolló sin incidentes, con presencia de Prefectura y personal portuario. Sobre futuras fiscalizaciones, expresó: “Esperamos no tener que acudir a la Justicia cada vez que necesitemos ingresar al puerto”, aunque advirtió que recurrirán nuevamente a esa instancia si persisten los impedimentos.