RÍO GRANDE.- El Servicio Penitenciario Provincial difundió un comunicado oficial sobre la grave agresión que sufrió el detenido David Álvarez, alias “El Dientón», quien permanece internado en el Hospital Regional Río Grande.
El hecho ocurrió el jueves 8 de octubre, alrededor de las 22:00, en la Unidad de Detención 1 y es investigado por la jueza de Instrucción María Rosa Santana Santana. El presunto autor sería otro interno, Maximiliano Perpetto, quien fue notificado de derechos y garantías.
En el marco de la causa ya se ordenaron pericias sobre un teléfono celular y cámaras de seguridad.
Desde la institución penitenciaria señalaron que, «por razones de confidencialidad y a fin de no interferir en las actuaciones judiciales en curso, no se brindarán detalles que puedan comprometer la investigación ni se emitirán conclusiones anticipadas sobre circunstancias que deberán ser determinadas por las autoridades competentes».
En cuanto a lo sucedido, el informe oficial indicó que Álvarez manifestó un dolor abdominal, por lo que fue trasladado al Hospital para su evaluación. Posteriormente se tomó conocimiento de que había quedado internado en el sector de Terapia Intensiva.
«Se requirió a la institución hospitalaria la remisión de partes médicos actualizados, a fin de contar con información oficial respecto de su evolución clínica», señala el comunicado, que agrega que de forma paralela se dio intervención a las autoridades judiciales y se llevaron adelante las diligencias correspondientes, incluidas medidas de requisa.
Además, se informó que durante un procedimiento realizado en el Pabellón B se secuestró un teléfono celular, y que personal de la División Delitos Complejos de Río Grande se hizo presente para efectuar notificaciones y diligencias ordenadas por la Justicia.
En el mismo parte se indicó que un médico forense constató posibles lesiones en otro interno vinculado a las actuaciones.
Por último, el Servicio Penitenciario afirmó que continúa colaborando con la Justicia y remarcó que «la atención sanitaria de las personas privadas de la libertad, el resguardo de su integridad física y el cumplimiento de las garantías legales, constituyen obligaciones permanentes e irrenunciables».
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