El Municipio presentó un proyecto para establecer la obligatoriedad de las castraciones y elevar las multas

Ante el Cuerpo de Concejales, el Ejecutivo Municipal presentó un proyecto de ordenanza destinado a fortalecer las políticas de tenencia responsable de mascotas y avanzar en medidas orientadas al control de la población de perros y gatos, la prevención del abandono y la reducción de los animales sueltos en la vía pública.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, señaló que “esta iniciativa busca consolidar una política pública vinculada al cuidado de las mascotas y a la salud pública”.

Entre sus principales disposiciones, la iniciativa establece la obligatoriedad de castrar perros y gatos, con excepción de aquellos casos en los que exista una contraindicación médico-veterinaria debidamente acreditada. La propuesta también contempla un plazo determinado para que las personas responsables de los animales cumplan con esta obligación. En caso de recurrir a servicios veterinarios particulares, deberán acreditar la castración mediante certificación profesional fehaciente y realizar el correspondiente registro ante el Municipio.

Asimismo, el proyecto establece que las personas que registren tres o más multas por tenencia irresponsable durante los dos años previos no podrán adoptar animales de compañía.

La iniciativa también incorpora disposiciones específicas para los animales abandonados o capturados en la vía pública. Estos serán alojados en dependencias municipales durante un plazo de 72 horas, período en el cual podrán ser retirados por sus dueños o responsables, siempre que cumplan con las obligaciones de identificación, registro y castración. Además, deberán afrontar los gastos ocasionados por la permanencia y mantenimiento del animal en las dependencias municipales.

En materia de sanciones, la propuesta contempla un incremento de las multas por infracciones vinculadas a la tenencia responsable, entre ellas perro suelto, perro mordedor, falta de castración y maltrato animal. El proyecto eleva el piso de las sanciones de 300 a 1000 unidades punitorias, con multas que podrán alcanzar las 3000 unidades punitorias, de acuerdo con la gravedad de la infracción.

Por otra parte, el proyecto faculta al Juzgado Municipal de Faltas a eximir del pago de la multa a aquellas personas que corrijan la conducta que originó la infracción dentro del plazo establecido.

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