La IDC reclamó que vuelva a la Provincia.
La International Dockworkers Council, organización que representa a trabajadores portuarios y estibadores de distintos países del mundo, reclamó que el Puerto de Ushuaia vuelva a estar bajo la administración de Tierra del Fuego, intervenido en enero de 2026.
En un comunicado difundido en las últimas horas, la entidad también pidió una auditoría independiente de la gestión económica y administrativa desarrollada durante la intervención y reclamó que se investiguen eventuales irregularidades que pudieran surgir de ese proceso.
Según la información que la IDC asegura haber recibido de sus organizaciones afiliadas en la Argentina, alrededor de 140 trabajadores fueron desplazados de sus tareas habituales, mientras que otros trabajadores fueron incorporados o trasladados a la isla desde distintos puertos y jurisdicciones.
La organización internacional consideró que la situación debe resolverse y planteó como uno de sus principales reclamos la finalización de la intervención y el retorno del puerto a la administración provincial, en el marco de la legislación vigente y con respeto de los derechos laborales y sindicales.
La IDC reclamó la reincorporación de los aproximadamente 140 trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) que, según su planteo, fueron desplazados de sus funciones, además de la garantía de sus salarios, seguridad social, derechos laborales y representación sindical.
La organización sostuvo que los trabajadores “no son responsables” de las decisiones administrativas adoptadas durante el período de intervención y que no deberían asumir las consecuencias de una disputa entre distintos niveles de gobierno.
En ese sentido, advirtió que las diferencias entre administraciones u organismos públicos no deberían traducirse en pérdida de puestos de trabajo ni en un debilitamiento de la representación colectiva de los trabajadores portuarios.
También piden revisar las cuentas de la intervención
El otro eje del pronunciamiento apunta directamente a la gestión económica y administrativa del puerto durante el período de intervención.
La IDC reclamó una auditoría completa, independiente y transparente que incluya, entre otros aspectos, los ingresos generados por la actividad portuaria, las cuentas bancarias utilizadas, eventuales transferencias a otras jurisdicciones, contratos, licitaciones, adquisiciones, incorporación de personal y pagos y gastos realizados durante el período.
La organización sostuvo que los recursos generados por un puerto público deben quedar sometidos a los controles correspondientes y a criterios de transparencia. También planteó que cualquier denuncia o sospecha de irregularidad debe ser investigada por los organismos competentes y que, de corresponder, se determinen responsabilidades.
En paralelo, la IDC anunció que durante la última semana de octubre representantes de organizaciones vinculadas al organismo llegarán a Tierra del Fuego para participar de distintas actividades y reuniones.
La entidad anticipó además que continuará siguiendo la evolución del conflicto y que, si no se alcanza una solución que considere satisfactoria, evaluará junto con sus organizaciones afiliadas nuevas medidas internacionales de solidaridad y acción sindical, dentro de las decisiones que adopten colectivamente.
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