Detectan graves irregularidades en las internaciones domiciliarias

La nueva conducción de la obra social comprobó incumplimientos en servicios de enfermería y cuidados domiciliarios que estaban siendo financiados. Intimó a las empresas prestadoras y advirtió que podría rescindir convenios ante nuevas irregularidades.

La nueva gestión de la Obra Social del Estado Fueguino detectó importantes irregularidades en las prestaciones de internación domiciliaria, luego de realizar auditorías presenciales en viviendas de afiliados. Los controles permitieron comprobar diferencias entre los servicios contratados y aquellos efectivamente brindados por las empresas.

El presidente de OSEF, Gustavo García, explicó en radio Provincia que las inspecciones comenzaron ante reiterados reclamos de beneficiarios. La decisión fue recorrer personalmente los domicilios junto con integrantes del directorio y equipos técnicos, para verificar las condiciones de atención.

Durante más de un mes, las auditorías realizadas en Ushuaia y Río Grande revelaron incumplimientos, principalmente en enfermería y cuidados domiciliarios. García describió uno de los casos encontrados: “Por ejemplo, afiliados X que tenían en internación domiciliaria, por ejemplo, por decir, cinco días de enfermería durante una hora por día. Iban una vez a la semana”.

La magnitud económica del servicio también motivó la intervención. Según precisó, “la obra social hoy en internación domiciliaria tenemos un gasto promedio mensual entre Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, arriba de los $900 millones”, correspondientes únicamente a prestaciones médicas.

Para establecer las irregularidades, los auditores confrontaron las planillas de servicios contratados con los testimonios de los beneficiarios. García señaló que encontraron prestaciones financiadas que no se cumplían, una situación especialmente delicada por tratarse de personas con discapacidad, movilidad reducida o necesidades permanentes de asistencia.

También mencionó posibles acuerdos irregulares entre algunos afiliados y prestadores para reducir las horas efectivas de atención y repartirse diferencias económicas. Al respecto, advirtió que se trata de “cuestiones que son serias y son problemáticas”, y sostuvo que corresponde proteger los recursos institucionales.

Tras las inspecciones, la conducción convocó a las empresas a una reunión virtual, comunicó las irregularidades detectadas y las intimó a regularizar los servicios.

El funcionario anticipó que las auditorías continuarán y que los incumplimientos reiterados podrían derivar en la rescisión de contratos. Sobre esa posibilidad, afirmó: “Me corresponde a mí, como presidente, dar de baja el convenio, y lo voy a hacer”.

Finalmente, aclaró que la fiscalización alcanza a todos los prestadores, incluidas clínicas, sanatorios y hospitales públicos, con advertencias iniciales y eventuales actuaciones posteriores cuando persistan los desvíos.