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14/10 2026

El Colegio de Martilleros Públicos de Río Grande confirmó que la inmobiliaria Mac Rae, señalada públicamente por presuntas irregularidades en la administración de alquileres, no cuenta con matrícula profesional. La situación tomó notoriedad después de conocerse el caso de un propietario que denunció no haber recibido los pagos correspondientes, pese a que su inquilino habría abonado durante ocho meses.

Ricardo Prinos, presidente del Colegio Profesional de Martilleros, Corredores y Tasadores de la Provincia de Tierra Del Fuego AIAS, Departamental Río Grande (CPMCTTDFaias), explicó que tomó conocimiento de las denuncias y verificó la situación de la firma. “La señora Mac Rae no está matriculada dentro del colegio que regula la actividad de las inmobiliarias”, confirmó, en alusión a la inmobiliaria señalada.

El problema, sin embargo, excede ese establecimiento. Según el dirigente, existen otros operadores que desarrollan actividades de intermediación sin cumplir las exigencias profesionales. “Así como la señora Mac Rae, varias son las que también están en la misma situación”, señaló, al describir un escenario que preocupa a la nueva conducción del organismo.

Ricardo Prinos, presidente del Colegio de Martilleros de Río Grande.

Prinos estimó que “alrededor de seis, siete inmobiliarias están en esa situación” y agregó que “algunas están tratando de regularizar ahora”, como consecuencia de las gestiones impulsadas por el Colegio.

La ausencia de profesionales matriculados representa, según explicó, un riesgo para quienes confían propiedades o dinero a intermediarios sin respaldo institucional. Al respecto, advirtió: “Uno está dejando un capital en manos de una persona que si no es un profesional de la actividad, no tendría por qué estar, porque la ley tampoco lo permite”.

Entre las consecuencias posibles mencionó operaciones fraudulentas, irregularidades contractuales y comercialización de terrenos sin documentación o servicios adecuados. Como antecedente, recordó situaciones registradas en Chacra 9, donde compradores terminaron involucrados en conflictos judiciales.

La institución, no obstante, enfrenta limitaciones para actuar directamente contra operadores ajenos a su matrícula. Prinos aclaró: “Nosotros ante una denuncia pública no podemos actuar en consecuencia, no tenemos poder de policía”, aunque explicó que el Colegio puede acompañar actuaciones judiciales una vez formalizadas las denuncias correspondientes.

Respecto de Mac Rae, insistió: “No podemos actuar nosotros hasta tanto se acerque el damnificado y haga la denuncia penal o civil que corresponda”, y precisó que una presentación formal permitiría avanzar institucionalmente.

Para prevenir nuevos perjuicios, la entidad prepara un sistema de identificación de inmobiliarias habilitadas, mediante distintivos visibles y códigos QR que facilitarán consultas y denuncias. También trabaja en una página departamental con información actualizada sobre los profesionales matriculados.

El objetivo, explicó finalmente Ricardo Prinos, es garantizar que cada operación cuente con respaldo profesional y evitar que las irregularidades de intermediarios no habilitados afecten la confianza pública en toda la actividad inmobiliaria.

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