Demandan por hasta US$ 26.465 millones a empresas que pescan en Malvinas

Explotación de recursos pesqueros en el Atlántico Sur.

La Fundación Agustina Lerena presentó la acción colectiva ante la Justicia Federal de Río Grande. El reclamo alcanza a firmas españolas, sociedades mixtas y una red de compañías vinculadas con la actividad, y solicita el cese de las operaciones y la reparación de los daños denunciados.

La Fundación Agustina Lerena presentó ante la Justicia Federal de Río Grande una demanda colectiva contra empresas pesqueras que operan en torno a las Islas Malvinas, sociedades vinculadas y otros actores de la cadena comercial. El reclamo económico oscila entre US$ 12.351 millones y US$ 26.465 millones, según el método de valuación aplicado a las capturas registradas entre 1989 y 2025.

La iniciativa es impulsada por César Lerena, especialista y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. La presentación atribuye responsabilidad a compañías que explotan recursos pesqueros sin autorización argentina y solicita que la Justicia ordene el cese de las operaciones cuestionadas y la reparación de los perjuicios denunciados.

La demanda apunta principalmente contra empresas españolas, sociedades mixtas con participación de capitales vinculados a las islas y firmas argentinas presuntamente relacionadas con esas operaciones. También comprende a bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores de servicios que, según el planteo, forman parte de la estructura que sostiene la actividad.

El cálculo del perjuicio económico

El monto reclamado se fundamenta en las capturas pesqueras realizadas durante 36 años. La diferencia entre los valores estimados responde a la utilización de precios FOB —valor de la mercancía puesta a bordo del medio de transporte para su exportación— y precios mayoristas. La parte actora también solicita intereses, actualización monetaria y costas judiciales.

Según los datos citados en el escrito, la Argentina desembarca alrededor de 800.000 toneladas de productos pesqueros al año y exporta por unos US$ 2.000 millones, mientras que las capturas en aguas de Malvinas rondarían las 250.000 toneladas anuales.

El planteo sostiene que el daño excede el valor comercial de las especies extraídas e incluye posibles pérdidas vinculadas con el procesamiento industrial, la comercialización, la recaudación impositiva y los derechos de captura que, de acuerdo con la fundación, corresponderían a la Argentina.

Como sustento jurídico, la presentación invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente 25.675, la Ley Federal de Pesca 24.922 y la resolución 31/49 de las Naciones Unidas. También incorpora estadísticas e informes técnicos, entre ellos los elaborados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

Otro de los puntos cuestionados son las licencias pesqueras otorgadas por las autoridades del gobierno colonial de las islas, incluidas renovaciones por períodos de 25 años, y determinados esquemas societarios con participación mayoritaria de capitales vinculados al archipiélago.

La disputa pesquera y los antecedentes judiciales

La presentación se suma a otras acciones relacionadas con la explotación de recursos marinos en el Atlántico Sur y al conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. La controversia también involucra circuitos comerciales internacionales y la participación de empresas extranjeras que operan con permisos otorgados por las autoridades isleñas.

En ese escenario, la actividad de la flota gallega dedicada a la captura de calamar Loligo o patagónico y calamar Illex ocupa un lugar central. Según informó el portal especializado Agenda Malvinas, la segunda temporada de pesca en las islas colapsó en agosto, luego de que los muestreos científicos indicaran niveles críticos de biomasa comercializable.

En esas operaciones participaba una flota de 16 buques arrastreros congeladores pertenecientes a sociedades mixtas integradas por armadoras de Vigo y Marín, entre ellas Pescapuerta, Chymar, Pereira, Lanzal, Copemar, Wofco y Marfrío, asociadas con operadores locales.

A mediados de septiembre, los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano, habían presentado una denuncia penal ante la Justicia Federal en lo Penal Económico contra directivos, administradores y representantes legales de distintas empresas pesqueras internacionales y sociedades mixtas asociadas. La presentación cuestionó la explotación de recursos vivos marinos en el mar argentino mediante autorizaciones emitidas por las autoridades británicas.

La nueva demanda civil busca establecer responsabilidades y obtener una reparación económica por los daños que la fundación atribuye a la explotación pesquera en torno a las islas. El alcance definitivo del reclamo y las eventuales responsabilidades deberán ser determinados en el ámbito judicial.