Cuando la dureza reemplaza a la capacidad de gobernar

20/10 2026

Una protesta que permitía a los pasajeros viajar gratis terminó con toda la red de subtes de Buenos Aires paralizada. Entre una cosa y otra hubo una intervención policial, tres dirigentes sindicales detenidos y un jefe de Gobierno que convirtió esos arrestos en una demostración pública de firmeza. Horas después, los trabajadores fueron liberados y el servicio volvió a funcionar. El discurso de mano dura, en cambio, permaneció intacto.

El conflicto comenzó el martes 20 de octubre en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B. Los metrodelegados habían abierto los accesos para que los pasajeros ingresaran sin pagar, en el marco de un reclamo laboral contra la empresa Emova. Los trenes seguían circulando. Después intervino la Policía de la Ciudad, que ejecutó órdenes de detención dispuestas por autoridades fiscales. El gremio respondió con un paro total que se extendió durante varias horas.

La decisión de paralizar el servicio fue de los trabajadores y sus consecuencias afectaron a miles de usuarios. Pero esa responsabilidad no elimina otra pregunta: ¿fue prudente una intervención que, lejos de resolver el conflicto, precedió a una escalada que terminó perjudicando mucho más a los pasajeros?

Macri eligió defender las detenciones exhibiéndolas como una señal de firmeza. «El que bloquea un servicio esencial va preso», sostuvo, aunque la protesta que había dado origen al operativo no había interrumpido la circulación de los trenes. Cerró su mensaje con una consigna que viene repitiendo desde hace meses: «Ley y orden».

No se limitó a justificar el procedimiento. Incorporó los arrestos a un mensaje político contra lo que describió como extorsión sindical.

El problema no es que un gobernante pretenda hacer cumplir la ley. Esa es una de sus responsabilidades. El problema aparece cuando la severidad se convierte en una virtud por sí misma, como si la decisión más contundente fuera necesariamente la más adecuada y demostrar autoridad alcanzara para justificar sus consecuencias.

Gobernar exige bastante más que imponer sanciones. Supone administrar conflictos, evaluar riesgos, anticipar reacciones y encontrar soluciones. También requiere reconocer que no todas las herramientas del Estado resultan igualmente apropiadas para cualquier situación.

En el caso del subte, detrás de la protesta había una sanción laboral y denuncias gremiales por la tercerización de tareas de mantenimiento. Resolver esas diferencias, garantizar la prestación del transporte y proteger los derechos de los pasajeros también forman parte de las responsabilidades públicas. El recurso a la fuerza no reemplaza esas obligaciones.

La postura de Macri tampoco puede explicarse como una reacción aislada. En junio de 2024 ya había anunciado acciones penales frente a otro conflicto con los metrodelegados. Dos años después, al presentar un régimen de servicios mínimos para distintas actividades, volvió a utilizar el lenguaje de la extorsión sindical y la consigna «Ley y orden».

Su discurso viene asociando el ejercicio de la autoridad con respuestas severas frente a situaciones conflictivas. Y allí aparece un riesgo que trasciende ampliamente al transporte público.

Cuando la dureza se convierte en una forma de demostrar autoridad, quienes reciben sus consecuencias no siempre cuentan con las mismas posibilidades de defenderse.

Un sindicato organizado puede convocar un paro, recurrir a sus representantes, movilizarse y conseguir repercusión pública. Una persona en situación de calle, un trabajador informal o una familia de un barrio popular difícilmente dispongan de esa capacidad de respuesta.

Esa desigualdad vuelve especialmente delicado el ejercicio del poder coercitivo del Estado. Una intervención que para las autoridades representa un operativo de control puede significar, para una persona vulnerable, perder sus pertenencias, sus herramientas de trabajo o incluso su libertad.

Durante este año, el Gobierno porteño desplegó operativos policiales masivos en villas y barrios populares bajo el nombre de Tormenta Negra. Las autoridades los presentaron como acciones destinadas a combatir delitos y reforzar la seguridad. El Centro de Estudios Legales y Sociales, en cambio, denunció episodios de violencia policial, detenciones arbitrarias y decomisos de pertenencias.

Son situaciones diferentes de las del subte y las denuncias requieren sus propias comprobaciones. Pero plantean una preocupación común: la necesidad de que el Estado ejerza su autoridad con límites, controles y una consideración efectiva de los derechos de las personas afectadas.

La seguridad y el orden público son responsabilidades legítimas de cualquier gobierno. También lo es garantizar que los servicios funcionen y que los ciudadanos no queden atrapados en conflictos que no provocaron. Nada de eso exige convertir cada desacuerdo en una confrontación ni presentar la intervención más severa como la respuesta preferible.

La firmeza puede ser necesaria. La prudencia también. Y un gobernante que confunde prudencia con debilidad corre el riesgo de perder una de las capacidades más importantes para ejercer su función: distinguir cuándo intervenir, cómo hacerlo y hasta dónde llegar.

Esta discusión no pertenece exclusivamente a Jorge Macri ni a una determinada orientación política. El discurso duro se ha vuelto tentador para dirigentes de distintos espacios cuando enfrentan problemas complejos, demandas insatisfechas o conflictos difíciles de resolver. La promesa de imponer orden ofrece una respuesta simple donde la gestión exige decisiones mucho menos espectaculares.

Pero las consecuencias de esa lógica no se distribuyen de manera pareja. Mientras quienes gobiernan pueden exhibir sus intervenciones como señales de firmeza, quienes las padecen deben afrontar sus efectos concretos.

El episodio del subte debería servir para discutir algo más importante que el enfrentamiento entre un gobierno y un sindicato. Debería recordar que la autoridad no se mide por la cantidad de personas que un gobernante puede llevar detenidas, sino también por su capacidad de resolver problemas sin recurrir innecesariamente a la fuerza.

Porque cuando gobernar se confunde con demostrar dureza, el verdadero riesgo no es que el poder parezca demasiado débil. Es que deje de reconocer sus propios límites.

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