Conflicto universitario, un tema que sigue dividiendo al Gobierno

17/10 2026 El Gobierno sigue sin poder resolver el conflicto universitario porque tras la sanción y la insistencia de la Ley de Financiamiento para las casas de estudio, el oficialismo solo acumuló traspiés en distintos planos, mientras que agigantó su interna sobre la problemática entre sus propios sectores gracias a diagnósticos y soluciones diametralmente opuestas.

BUENOS AIRES (NA).-A fines de febrero, tal como le consta a la Agencia Noticias Argentinas, el ala política de La Libertad Avanza consiguió elaborar un nuevo proyecto de ley para la educación superior que recomponía remuneraciones. Incluso, ciertos funcionarios del sector educativo ya habían pactado con los rectores parte de ese texto, que contenía un elemento esencial para el oficialismo: obligaba a retirar la demanda judicial para que se cumpla con la normativa que tuvo insistencia parlamentaria.

En Balcarce 50, sostienen que las espadas parlamentarias de La Libertad Avanza se encargaron de “cajonear” la iniciativa. Pero con un argumento: creían que la Justicia iba a fallar en contra de los reclamos universitarios e iba a desechar la ley. El pronóstico falló y por eso, agregan, el problema persiste. Sin resolución a corto plazo además porque el oficialismo hoy no ofrece otra alternativa que apelar los fallos sucesivos que tuvo en contra.

Tras la movilización, masiva y que terminó en represión a los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad a cargo del operativo, aparecieron las justificaciones libertarias. “Todo este problema es porque cumplimos la ley, no porque la incumplimos”, afirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Álvarez sostuvo que las leyes que asignan recursos por fuera del presupuesto deben identificar las partidas destinadas a cubrir esos gastos. Por eso, comentó que la iniciativa sobre financiamiento universitario incumplió ese requisito y consideró que correspondía promulgarla y suspender su aplicación en el mismo acto.

“Votaron una ley violando la ley de administración financiera”, señaló el subsecretario, quien atribuyó la responsabilidad del conflicto a los legisladores que respaldaron el proyecto.

Y defendió la administración de los recursos destinados a las instituciones públicas, con un mensaje contundente: expuso que el Ejecutivo solo utiliza el presupuesto aprobado por el Congreso. Pero abrió la puerta a un cambio de postura: afirmó que el Gobierno cumpliría con una eventual modificación presupuestaria que aprobara el Poder Legislativo.

“Nosotros ejecutamos el presupuesto que aprueba el Congreso. Si el Congreso aprueba otro, ejecutaremos ese otro”, expresó Álvarez.

Un dato que consiguió NA: hay muchos gobernadores, sobre todo del radicalismo, que ya les pidieron a las autoridades del Ejecutivo nacional que terminen con el conflicto, y advirtieron por posibles consecuencias electorales en sus distritos si las movilizaciones continúan bajo semejante volumen.

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