La legisladora provincial María Laura Colazo, del Partido Verde, participó de una nueva reunión de la Comisión N.º 4 de Educación, donde continuó el análisis del Proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial presentado por el Poder Ejecutivo.
Colazo planteó la necesidad de ampliar la discusión y avanzar en una herramienta que no se limite únicamente a definir nuevas fuentes de recursos, sino que permita abordar de manera integral la situación del sistema educativo fueguino. “En el Partido Verde no solo queremos debatir números, sino también la calidad del sistema educativo en la Provincia. Tenemos una oportunidad de debatir el financiamiento educativo, pero queremos hacerlo poniendo en el centro a la comunidad socioeducativa”, sostuvo.
Colazo rechazó las modificaciones propuestas sobre la distribución de gas natural y el Banco de Tierra del Fuego como fuentes de financiamiento del proyecto, y remarcó el impacto económico que estas medidas podrían generar sobre las familias, contribuyentes y la actividad productiva de la Provincia.
En este sentido, la Legisladora rechazó el incremento de la alícuota de Ingresos Brutos aplicada a la distribución de gas natural.
Colazo remarcó especialmente la realidad de Río Grande y señaló que cualquier modificación tributaria debe ser analizada considerando el contexto que atraviesan las familias, el comercio y el sector productivo de la ciudad.
Durante la reunión, el Bloque del Partido Verde presentó ante la Comisión N.º 4 una serie de consultas y observaciones sobre el articulado del proyecto enviado por el Ejecutivo. Además, Colazo reiteró la necesidad de contar con las respuestas a los pedidos de informes presentados durante la última sesión ordinaria, dirigidos a las áreas de Economía y Educación, para poder evaluar el impacto de las medidas propuestas y trabajar sobre posibles modificaciones.
En esta línea, Colazo llamó al diálogo político entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y a la construcción de consensos para avanzar en una herramienta que pueda dar respuestas sostenibles al sistema educativo.
“Queríamos sacar el tratamiento de urgencia para transmitir tranquilidad a todos los contribuyentes, sobre todo de Río Grande. Vamos a trabajar en las comisiones para analizar el proyecto, construir alternativas y evitar que el financiamiento educativo signifique nuevos aumentos de impuestos”, expresó.
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