La problemática de los perros asilvestrados en la zona rural de Río Grande volvió a reunir a autoridades provinciales, municipales y representantes del sector productivo, en un intento por avanzar hacia soluciones concretas frente al crecimiento de la población canina y sus consecuencias sobre la actividad ganadera y la fauna autóctona.
El subsecretario de Servicios y Seguridad Ciudadana del Municipio de Río Grande, Javier Calisaya, explicó en ((La 97)) Radio Fueguina que el encuentro contó con la participación del ministro de Ambiente y Producción, Francisco Devita, el equipo municipal encabezado por el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, y representantes de la Sociedad Rural.
Aunque valoró la instancia de diálogo, advirtió que todavía faltan definiciones operativas: “Si bien hay una ley provincial que establece la creación de un comité de seguimiento, viene medio lento la toma de decisiones en función de la problemática”.
Uno de los datos más preocupantes expuestos durante la reunión fue el crecimiento de la reproducción canina en el ámbito rural, estimado en aproximadamente un 200% durante los últimos cinco años. Calisaya aclaró que el fenómeno no responde exclusivamente al desplazamiento de mascotas desde las ciudades, sino fundamentalmente a la reproducción de animales que ya habitan el campo.
La dimensión del problema exige, según el funcionario, una intervención coordinada y sostenida. En ese contexto, destacó que “muchas veces se trata de buscar responsables, más que atender el problema”, mientras que el municipio presentó sus programas de castración, vacunación y tenencia responsable como parte de las herramientas disponibles para prevenir nuevos focos de reproducción.
Subsecretario de Servicios y Seguridad Ciudadana del Municipio de Río Grande, Javier Calisaya.Actualmente, Río Grande dispone de más de diez profesionales veterinarios y ofrece más de 900 turnos mensuales de castración gratuita. Calisaya señaló que estos recursos pueden contribuir a una estrategia provincial, aunque insistió en diferenciar las competencias institucionales y las características de los animales domésticos respecto de aquellos que han perdido el contacto con las personas.
La discusión también comprendió las diferencias presupuestarias entre ambas jurisdicciones. El funcionario indicó que el municipio destina más de $10 mil millones anuales a sus políticas vinculadas con los animales, mientras que los fondos provinciales para perros asilvestrados rondaban los $5 millones durante el año anterior.
Frente a esa disparidad, planteó: “Habría que ver cómo se dota de otros fondos, cómo se incorporan también acciones más ejecutivas”, y consideró que la existencia de organismos de seguimiento resulta insuficiente sin resoluciones efectivas. “Necesitamos después que haya definiciones y que se ejecuten. Y esas decisiones justamente son las que faltan”, remarcó, expresando su expectativa de que la nueva conducción ministerial permita revertir esa situación.
Entre las alternativas analizadas aparece el trabajo preventivo con estancieros y trabajadores rurales para controlar la reproducción de los perros que permanecen en establecimientos productivos. El municipio ofreció además su equipo veterinario para colaborar técnicamente con las medidas que determine la provincia.
Respecto de las intervenciones sobre animales asilvestrados, Calisaya sostuvo que cualquier decisión debe contar con asesoramiento profesional y contemplar las particularidades de una especie que afecta tanto a la producción ganadera como a la fauna nativa.
Finalmente, anticipó otra línea de trabajo surgida del encuentro: “En este tiempo se estaba trabajando, nos comentaba el ministro, en un convenio con CADIC”, destinado a incorporar conocimiento científico al abordaje. La posibilidad de considerar experiencias chilenas también quedó planteada, dado que se trata de una problemática compartida a ambos lados de la frontera.
Para Calisaya, el desafío inmediato consiste en transformar los acuerdos institucionales en acciones ejecutivas, con responsabilidades definidas, respaldo presupuestario y participación de los distintos sectores involucrados.
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