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14/10 2026

El martillero Fernando Allo advirtió, en diálogo con Aire Libre FM, sobre el incremento de las subastas de automotores en Tierra del Fuego y vinculó esta situación con las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias. Según estimó, durante octubre se realizarán entre siete y ocho remates en Río Grande y Ushuaia, en los que podrían subastarse al menos 50 vehículos.

“Octubre ha sido un mes que ha llamado la atención, porque no recuerdo un mes donde haya habido tantas subastas de automotores”, señaló Allo, quien se dedica a esta actividad desde el año 2000. Además, recordó que un escenario similar se había registrado alrededor de 2000 y 2001, cuando también se produjo un deterioro en la cadena de pagos.

El martillero aclaró que los vehículos que llegan a una subasta judicial no necesariamente corresponden a deudas recientes. En muchos casos, explicó, se trata de obligaciones que comenzaron a acumularse hasta dos años antes, luego de un proceso que incluye llamados de las entidades acreedoras, intimaciones formales y actuaciones judiciales para concretar el secuestro.

Dificultades económicas y deudas acumuladas

Allo relacionó el aumento de los remates con la pérdida de capacidad de pago de las familias, la disminución del consumo y las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía.

“Esto no significa necesariamente que la gente no quiera pagar. En muchos casos, lo que sucede es que los ingresos no alcanzan para afrontar todos los compromisos asumidos”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que las dificultades no se limitan a un sector laboral específico. Entre las personas afectadas puede haber trabajadores autónomos, docentes, empleados estatales y personas vinculadas a diferentes actividades económicas.

También señaló que algunas familias adquirieron vehículos financiados con la expectativa de mantener sus ingresos o mejorar su situación económica, pero posteriormente se encontraron con dificultades para afrontar las cuotas.

El martillero indicó que, en muchos casos, los propietarios esperan hasta que se concreta el secuestro del vehículo, en lugar de acercarse previamente a la concesionaria o entidad financiera para intentar renegociar la deuda o buscar una alternativa.

Subastarán tres Peugeot 208 en Río Grande

En el marco de este escenario, Alló anunció una subasta judicial de tres Peugeot 208 prevista para el jueves 15 de octubre a las 14, en Trejo Noel 435, en Río Grande.

Según explicó, los vehículos saldrán a remate con bases de entre cinco y ocho millones de pesos, aunque precisó que, si no se presentan oferentes por la base establecida, se realizará una nueva instancia sin base, de acuerdo con las condiciones de la subasta.

La exhibición de los automotores estaba prevista para los días previos al remate, con el objetivo de que los interesados pudieran revisar su estado.

Alló aclaró que adquirir un vehículo en una subasta puede representar una oportunidad económica, aunque recomendó tener en cuenta las condiciones particulares de cada operación.

En cuanto a la cantidad de remates previstos para octubre, mencionó una subasta de 11 vehículos programada para el 24 de octubre en Río Grande y otras realizadas o previstas en Ushuaia. Con esos datos, estimó que el número total podría superar las 50 unidades durante el mes.

Qué debe tener en cuenta quien compra un auto en un remate

Durante la entrevista, Allo explicó que el comprador de un vehículo subastado no continúa pagando las cuotas de financiación que dejó de abonar el anterior titular. El resultado de la subasta se destina a compensar la deuda reclamada por la entidad acreedora.

Sin embargo, advirtió que el monto obtenido por la venta puede ser insuficiente para cubrir la totalidad de la obligación. Si el vehículo se vende por un valor inferior a la deuda acumulada, el anterior titular podría continuar debiendo dinero, incluidos intereses y otros gastos correspondientes.

El martillero también diferenció las subastas judiciales de las ejecuciones prendarias, ya que tienen procedimientos y plazos de entrega distintos. En el caso de los remates judiciales, indicó que la transferencia y entrega pueden demorar alrededor de 25 días, según las etapas de aprobación y pago.

Además, remarcó la importancia de revisar las condiciones de cada subasta, las bases, los plazos y las posibles deudas de patente, multas u otras cargas informadas para el vehículo.

La situación de una inquilina reavivó el debate sobre las inmobiliarias

En otro tramo de la entrevista, Alló se refirió al caso de una docente que había denunciado inconvenientes con una inmobiliaria de Río Grande, luego de descubrir que el propietario del inmueble que alquilaba desconocía la operación.

El martillero manifestó su preocupación por el impacto que este tipo de situaciones puede tener sobre todo el sector inmobiliario y sostuvo que las operaciones deben realizarse con las autorizaciones correspondientes y con intervención de profesionales habilitados.

“Por alguien que no está haciendo bien como corresponde su tarea, empañan a todos o meten a todos en la misma bolsa”, expresó.

Allo señaló que, según su conocimiento, la inmobiliaria mencionada no contaría con matrícula ante la organización profesional correspondiente. En ese marco, indicó que el listado de matriculados activos puede consultarse a través del Colegio de Martilleros, Corredores y Tasadores de Tierra del Fuego.

También explicó que las operaciones de alquiler deben contar con la autorización del propietario, quien debe conocer las condiciones acordadas, el importe que recibirá y los términos del contrato.

Finalmente, sostuvo que las autoridades profesionales pueden acompañar y verificar la situación de los matriculados, aunque la presentación de una denuncia por un perjuicio concreto corresponde, en principio, a la persona damnificada. Asimismo, anticipó que podrían surgir novedades sobre el caso en el ámbito judicial.

🎙️ Aire Libre FM 96.3 Escuchá la entrevista completa:

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