Tierra del Fuego reclama al Congreso derogar el tratado de inversiones con el Reino Unido

El secretario de Malvinas, Andrés Dachary, cuestionó la vigencia de la Ley 24.184, que ratificó el convenio bilateral de promoción y protección de inversiones firmado en 1990.

“Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de ‘nación más favorecida’ y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio”, sostuvo el funcionario.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, pidió al Congreso de la Nación derogar la Ley 24.184, mediante la cual Argentina aprobó en 1992 el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones suscripto con el Reino Unido.

El planteo fue difundido por el funcionario a través de su cuenta de X y estuvo dirigido tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Dachary cuestionó que el acuerdo continúe vigente en el marco de la disputa de soberanía por las Islas Malvinas.

“Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de ‘nación más favorecida’ y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio”, sostuvo.

Para el funcionario fueguino, la derogación constituye una medida necesaria dentro de la política exterior argentina. “Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas”, afirmó, y agregó: “Denunciar este tratado es un paso necesario para cumplir con la Constitución”.

El reclamo se conoció días después de que el presidente Javier Milei anunciara, durante una cadena nacional, un incremento del presupuesto destinado a Defensa y la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. En esa misma oportunidad, el Gobierno nacional informó un endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el área de las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La Ley 24.184 aprobó el convenio bilateral firmado en Londres el 11 de diciembre de 1990. El acuerdo establece, entre otros puntos, que las inversiones de una de las partes deben recibir un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones nacionales o de terceros países.

También contempla la libre transferencia de ganancias, protección frente a expropiaciones y mecanismos de arbitraje internacional para resolver eventuales controversias entre inversores y los Estados.

El convenio formó parte del proceso de normalización de las relaciones entre Argentina y el Reino Unido iniciado con los Acuerdos de Madrid I y II, suscriptos entre 1989 y 1990, luego de la Guerra de Malvinas.

Una eventual denuncia del tratado no implicaría, sin embargo, el cese inmediato de todas sus protecciones. La propia normativa establece que las inversiones realizadas durante su vigencia continúan amparadas por sus disposiciones durante un período de 15 años después de la denuncia.

El pedido de Dachary se produjo, además, horas después de que el Gobierno nacional anunciara una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, por presuntas infracciones a la Ley 26.659, que regula las actividades vinculadas con recursos naturales en esa zona.