Taiana afirmó que Defensa no podía ordenar el desmantelamiento del radar de LeoLabs

Comisión Especial Investigadora sobre el radar de Tolhuin.

El exministro sostuvo ante los legisladores que el Gobierno provincial tenía las facultades legales para disponer el retiro de la estructura. También señaló que el equipamiento era considerado de uso dual, civil y militar, y que Defensa había solicitado informes técnicos a la CONAE e INVAP.

La Comisión Especial Investigadora de la Legislatura realizó una nueva sesión en la Casa de Tierra del Fuego en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de las actuaciones destinadas a reconstruir las circunstancias vinculadas con la instalación del radar de la empresa LeoLabs en Tolhuin y determinar las responsabilidades de los distintos estamentos gubernamentales.

Uno de los testimonios incorporados al trabajo de la Comisión fue el del exministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, quien fue convocado para brindar precisiones sobre las actuaciones desarrolladas por la cartera nacional a partir de la instalación del equipamiento.

Según lo expuesto durante la audiencia, Taiana sostuvo que el Ministerio de Defensa tomó conocimiento de la instalación a través de una publicación en redes sociales y que posteriormente surgieron alertas respecto de las características y funciones del radar.

La legisladora Natalia Gracianía (LLA) explicó que, de acuerdo con lo manifestado por el exfuncionario, el equipamiento era considerado de “función dual”, es decir, con posibles aplicaciones tanto civiles como militares.

“El Ministerio de Defensa se entera de esta situación —la instalación del radar en Tolhuin— a través de un tweet y que empiezan a tener algunas señales de alerta sobre la calidad de este radar, que consideraban que tenía una función dual, una función civil y una función militar”, señaló Gracianía al referirse al testimonio.

En ese contexto, la cartera nacional solicitó informes técnicos a especialistas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y de INVAP. De acuerdo con lo informado durante la audiencia, esos dictámenes fueron utilizados como fundamento para solicitar la cancelación de la autorización que había sido otorgada.

Uno de los puntos abordados durante la entrevista estuvo relacionado con las competencias de las distintas jurisdicciones para disponer el desmantelamiento de la estructura. Taiana confirmó que existieron comunicaciones con autoridades del Gobierno provincial y sostuvo que la administración fueguina contaba con las facultades legales para adoptar esa decisión.

“Por la legislación vigente el Ministerio de Defensa no tiene la posibilidad de tomar esta decisión y sí la tenía el Gobierno de la Provincia en ese momento”, afirmó Gracianía al resumir lo expuesto por el exministro.

La legisladora destacó que las entrevistas con exfuncionarios nacionales forman parte de la tarea de reconstrucción de los hechos que lleva adelante la Comisión. “Contar con la posibilidad de entrevistar a funcionarios nacionales que tuvieron una participación importante dentro de las actuaciones durante los años que se dio la instalación de este radar, es justamente el objetivo de esta Comisión, todos los hechos y la participación que tuvieron, tanto funcionarios nacionales como autoridades provinciales”, sostuvo.

La Comisión continuará con las testimoniales de otros funcionarios vinculados con las actuaciones. En ese sentido, Gracianía anticipó que uno de los próximos convocados será quien se encontraba al frente del Estado Mayor Conjunto durante el período analizado, teniente general Martín Paleo.

“Tuvimos que trasladarnos hacia la ciudad de Buenos Aires porque estos exfuncionarios nacionales solicitaron la posibilidad de que en este lugar pudiéramos hacer las testimoniales. Las próximas testimoniales están relacionadas con quien estaba frente del Estado Mayor Conjunto, teniente general Martín Paleo”, explicó.

De la sesión participaron representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia y los legisladores Pablo Villegas (MPF), presidente de la mesa de trabajo; Matías Lapadula (PG) y Gisela Dos Santos (ST). De manera remota participaron la legisladora Laura Colazo (PV) y los legisladores Federico Greve y Federico Sciurano (FORJA).