Presentaron una nueva demanda para frenar el proyecto petrolero Sea Lion

Disputa por la explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur.

Ambientalistas y ex combatientes recurrieron a la Justicia Federal de Río Grande para solicitar la suspensión de las obras y actividades vinculadas con el desarrollo impulsado por Rockhopper y Navitas al norte de las Islas Malvinas.

Rockhopper informó que el proyecto continúa en desarrollo y que la primera producción de la Fase 1 continúa prevista para el primer semestre de 2028. La nueva acción judicial busca que ese cronograma quede suspendido.

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una nueva acción judicial ante el Juzgado Federal de Río Grande para intentar suspender el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.

La presentación fue planteada como una acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva y tiene como demandadas a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, compañías vinculadas con el desarrollo del emprendimiento.

Los demandantes solicitaron que se suspendan las obras, perforaciones, instalaciones, actividades preparatorias y cualquier otra intervención relacionada con Sea Lion. También pidieron impedir el inicio de la extracción de hidrocarburos y que se dicte una medida cautelar de no innovar mientras avance el proceso judicial.

Entre los fundamentos, sostienen que el proyecto se desarrolla en un área cuya soberanía es objeto de disputa entre Argentina y el Reino Unido y cuestionan que las empresas no hayan cumplido, según su planteo, con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental previstos por la legislación argentina.

La acción también invoca la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras continúa la disputa de soberanía.

Los impulsores de la demanda plantean además que la explotación podría generar impactos sobre el ecosistema marino y mencionan entre los riesgos las perforaciones, el tránsito de embarcaciones, el ruido submarino, el uso de productos químicos y eventuales derrames.

Como antecedente, la presentación incorpora las sanciones que Argentina aplicó a Rockhopper y Navitas por actividades hidrocarburíferas no autorizadas. La Cancillería argentina también cuestionó el desarrollo de Sea Lion y sostuvo que las compañías no cuentan con autorización de las autoridades nacionales para operar en áreas alcanzadas por la disputa de soberanía.

Además de solicitar la suspensión de las obras, los demandantes pidieron que se interrumpan contratos, desembolsos, transferencias o garantías destinados al financiamiento del proyecto y que se informe a organismos vinculados con el control financiero y los mercados donde operan las empresas.

Ahora será la Justicia Federal de Río Grande la que deberá analizar la presentación y resolver sobre las medidas cautelares solicitadas.