Nueva Ley Penal Juvenil: Ibarra explicó los alcances y advirtió sobre el desafío para la Justicia

12/09 2026

El abogado Francisco Ibarra analizó en Aire Libre FM la entrada en vigencia de la nueva Ley Penal Juvenil, que establece responsabilidad penal desde los 14 años. Advirtió que el sistema todavía requiere capacitación, infraestructura y una importante adaptación de los operadores judiciales.

La entrada en vigencia de la nueva Ley Penal Juvenil representa un cambio profundo en el tratamiento de los adolescentes que cometen delitos. Así lo explicó el abogado Francisco Ibarra, quien sostuvo que actualmente “no se está preparado” para afrontar plenamente los alcances de la nueva normativa.

En diálogo con Aire Libre FM, Ibarra señaló que la ley “viene a cambiar los paradigmas” y que requiere una preparación específica tanto de los operadores judiciales como de abogados e instituciones vinculadas al sistema.

Uno de los principales cambios es que los adolescentes de 14 y 15 años quedan alcanzados por el régimen de responsabilidad penal juvenil, algo que anteriormente no ocurría bajo el mismo esquema.

“Hoy, a partir de los 14 años, todos los hechos contenidos en el Código Penal, los menores van a ser sujetos responsables”, explicó el abogado.

No significa llenar las cárceles de adolescentes

Ibarra remarcó que la nueva legislación no tiene como objetivo el encarcelamiento automático de los menores. Por el contrario, establece un amplio abanico de medidas alternativas y plantea como principios la responsabilización, la educación, la resocialización, la integración y la reparación.

Entre las medidas previstas mencionó amonestaciones, supervisión, controles, prohibiciones de acercamiento o de concurrir a determinados lugares, restricciones para salir de la provincia o del país, prisión domiciliaria y dispositivos electrónicos.

“La prisión es la última de las posibilidades”, afirmó.

Además, destacó que los adolescentes no pueden compartir establecimientos de detención con adultos, algo que está expresamente prohibido por la normativa.

Tres categorías según la gravedad del delito

El abogado explicó que el nuevo régimen establece una diferenciación de acuerdo con la gravedad de los hechos.

Los delitos con penas de hasta tres años de prisión quedan dentro de la categoría de menor gravedad y, según explicó Ibarra, no contemplan la prisión como respuesta para los adolescentes, priorizando las medidas alternativas.

Luego se encuentran los delitos con penas de entre tres y diez años, donde puede existir una respuesta más severa, aunque manteniendo como objetivo la resocialización y reeducación.

Finalmente, los delitos considerados graves, con penas de diez años en adelante, tienen un régimen que puede derivar en una privación de la libertad, con un tope máximo de 15 años para los adolescentes.

La falsificación de un DNI también puede generar responsabilidad

Ibarra puso como ejemplo situaciones que históricamente podían ser consideradas por algunos adolescentes como simples “bromas”, pero que constituyen delitos.

Entre ellas mencionó el ingreso a un boliche utilizando un documento falso. Según explicó, la falsificación de un DNI puede encuadrar en un delito con una pena de entre tres y seis años, por lo que un adolescente alcanzado por la nueva legislación puede quedar sometido al régimen penal juvenil.

También mencionó las peleas dentro o en las inmediaciones de establecimientos educativos, que pueden constituir delitos de lesiones y generar responsabilidad penal dependiendo de sus consecuencias.

“Los menores tienen responsabilidades, y esas responsabilidades tienen aparejadas penas”, sostuvo.

Pero aclaró que incluso cuando la consecuencia sea una amonestación o reprimenda, existe un proceso judicial, con intervención de abogados y defensores y con obligaciones que deberán ser cumplidas por el adolescente.

El sistema deberá profesionalizarse

Uno de los principales desafíos, según Ibarra, será adaptar la estructura judicial a las nuevas exigencias.

La normativa contempla procedimientos rápidos y ágiles y otorga un rol central al Ministerio Público Fiscal. El abogado remarcó que el esquema se relaciona con un sistema acusatorio, donde la investigación queda en manos de la Fiscalía, y aclaró que esto no debe confundirse con los juicios por jurados.

Incluso, según explicó, la Fiscalía puede determinar la no judicialización de determinados casos, teniendo en cuenta las características del hecho, los antecedentes del adolescente y otras circunstancias previstas por la legislación.

Además, la reglamentación incorpora la figura del supervisor, encargado de controlar el cumplimiento de las medidas que se dispongan.

“Esta normativa excede lo que venían desarrollando” los equipos judiciales, sostuvo Ibarra, quien consideró necesaria una formación específica para quienes trabajen con adolescentes sometidos a procesos penales.

El antecedente de un adolescente de 14 años en Comodoro Rivadavia

Durante la entrevista también se mencionó el caso de un adolescente de 14 años detenido en Comodoro Rivadavia, acusado de un asalto con un arma blanca, considerado uno de los primeros casos de aplicación de la nueva legislación.

Ibarra aclaró que no conocía los detalles del expediente, pero explicó que, dependiendo de las circunstancias, un adolescente sin antecedentes podría quedar sujeto a distintas medidas alternativas.

Entre ellas mencionó la prisión domiciliaria, el uso de una pulsera electrónica, prohibiciones de acercamiento o concurrencia a determinados lugares, controles vinculados a su educación e incluso la posibilidad de que el fiscal decida no avanzar con la acusación en determinados supuestos.

“Mirándolo todo, hay un abanico de posibilidades que tiene conforme esta nueva normativa”, señaló.

Un cambio que demandará preparación

Finalmente, Ibarra consideró que la nueva legislación es “interesante, amplia y necesaria”, aunque advirtió que requerirá un importante trabajo de coordinación entre los distintos niveles del Estado.

En ese sentido, destacó la importancia de las mesas de trabajo nacionales y de la articulación entre los poderes judiciales, los gobiernos y los organismos vinculados a la Justicia.

El desafío, concluyó, será lograr que el Estado pueda poner en funcionamiento toda la estructura que la nueva normativa exige.

“La norma es muy amplia, muy importante, pero va a requerir mucho trabajo”, resumió.

🎙️ Aire Libre FM 96.3 Escuchá la entrevista completa:

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