Malvinas: Argentina iniciará un arbitraje internacional contra el proyecto Sea Lion

El Gobierno anunció nuevas acciones contra la explotación petrolera en el Atlántico Sur.

La Cancillería fue instruida para activar el procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención del Derecho del Mar. El Gobierno intimó al Reino Unido a frenar las actividades hidrocarburíferas en un plazo de dos semanas y anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si no obtiene respuesta.

El Gobierno argentino anunció este lunes el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido, en el marco de la controversia por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, se informó que Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo de impedir, según la posición argentina, la explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto denominado “Sea Lion”.

La decisión también contempla cuestionar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, entre ellas el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.

Intimación al Reino Unido

En paralelo, Argentina informó que intimó formalmente al Reino Unido a adoptar, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de actividades destinadas a la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

El Gobierno señaló que, si el Reino Unido no cumple con ese requerimiento dentro del plazo establecido, solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales destinadas a preservar los derechos soberanos que Argentina sostiene sobre su plataforma continental.

El comunicado oficial fundamentó la posición argentina en las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoció en 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.

La Resolución 31/49, aprobada en 1976, exhortó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara el proceso recomendado por la Asamblea General.

En ese marco, el Gobierno argentino sostuvo que la explotación unilateral de recursos naturales en las islas y los espacios marítimos circundantes resulta contraria al derecho internacional y afecta los derechos de soberanía que Argentina reclama.

Rechazo a la respuesta británica

La Oficina del Presidente también expresó su rechazo a la respuesta del Reino Unido al discurso pronunciado por Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En particular, cuestionó la denominación de las islas como “Territorio Británico de Ultramar” y sostuvo que el referéndum realizado en 2013 no modifica, desde la posición argentina, la existencia de la disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.

También habrá acciones por una operación aérea

El comunicado agregó un segundo frente de actuación. Según informó el Gobierno, se detectaron operaciones realizadas por la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas mediante una aeronave con matrícula británica, que —según la denuncia oficial— no contaba con autorización de las autoridades argentinas.

Ante esa situación, Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales, además de las gestiones diplomáticas correspondientes.

El Gobierno afirmó que continuará utilizando herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas para sostener los reclamos argentinos sobre la soberanía de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.