Financiamiento educativo bajo análisis en la Legislatura

El legislador Selzer cuestionó las fuentes tributarias previstas para financiar el sistema educativo y planteó revisar la administración de los recursos existentes antes de avanzar con nuevos impuestos, coparticipación y mayores cargas.

El proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo enviado por el Ejecutivo a la Legislatura plantea crear un fondo específico y llevar el financiamiento hasta el 7,8% del Producto Bruto Geográfico. La iniciativa fue remitida con trámite de urgencia y establece distintas fuentes para sostener ese objetivo, según el texto analizado en la comisión.

En diálogo con radio Provincia, el legislador de La Libertad Avanza Luciano Selzer cuestionó el esquema tributario previsto y señaló que incluye una suba del 3% sobre actividades alcanzadas por Ingresos Brutos vinculadas al Banco de Tierra del Fuego, además de un 3,4% para el transporte de gas, un 40% del impuesto inmobiliario. A esto se suma un 0,5% de la recaudación de Ingresos Brutos antes de la coparticipación, que, según su estimación, implicaría unos $13.200 millones menos para las municipalidades.

El legislador consideró que el problema no está solamente en conseguir nuevos recursos, sino en revisar cómo se administran los existentes. “Ya hubo aumento de impuestos para Educación en el pasado y no han resuelto el problema, porque si de vuelta estamos aumentando los impuestos para pagar Educación, evidentemente la forma de gestionar los recursos no ha sido buena”, sostuvo.

Planteó como prioridad determinar el destino del dinero antes de avanzar con nuevos tributos: “Debería ser la prioridad número uno, antes que aumentar los impuestos, ver dónde está yendo la plata”. También pidió ordenar las cuentas provinciales de manera más eficiente.

Selzer advirtió sobre el impacto que tendría la carga sobre los usuarios del Banco de Tierra del Fuego y afirmó que todos los servicios financieros podrían resultar más caros, incluyendo créditos, cheques y seguros.

Extendió el cuestionamiento al impacto general de Ingresos Brutos. “De una u otra forma el consumidor se ve perjudicado con las subas de impuestos”, afirmó, y remarcó que el efecto se acumula a lo largo de la cadena productiva.

En cuanto al tratamiento legislativo, sostuvo que “en 30 días no se puede analizar el proyecto correctamente”, especialmente porque un pedido de informes al Ministerio de Economía demoró casi tres meses en ser respondido.

Por último, planteó que el debate educativo debe inscribirse en una discusión más amplia sobre las cuentas provinciales.