La iniciativa propone un régimen para proteger los recursos naturales y los espacios marítimos e insulares, con referencia expresa a Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. También plantea modificaciones en Defensa y Seguridad Nacional.
El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone establecer un régimen específico para la protección de los recursos naturales y de los espacios marítimos e insulares correspondientes a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
El texto plantea una política permanente e irrenunciable destinada a preservar la soberanía nacional y garantizar su recuperación y ejercicio pleno. En ese marco, establece disposiciones para determinadas actividades vinculadas con los recursos naturales y los espacios alcanzados por la iniciativa.
Recursos naturales y autorizaciones
El proyecto establece un régimen de autorizaciones para determinadas actividades relacionadas con la exploración, explotación y aprovechamiento de recursos naturales. También contempla actividades vinculadas con hidrocarburos, pesca e investigación.
Para las actividades alcanzadas por las prohibiciones previstas, la iniciativa establece un régimen de sanciones que incluye multas, inhabilitaciones y medidas vinculadas con permisos y habilitaciones.
Además, incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización, con condiciones específicas para quienes se encuentren comprendidos en las situaciones contempladas por el proyecto.
Defensa, Seguridad Nacional e infraestructura crítica
La iniciativa también propone modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y establece un nuevo esquema de Seguridad Nacional, cuyo órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional.
El proyecto incorpora disposiciones vinculadas con la soberanía aeroespacial, marítima, fluvial y lacustre, además de un régimen relacionado con la protección de infraestructuras críticas.
El texto también contempla modificaciones en materia de inteligencia y disposiciones relacionadas con el financiamiento de actos de terrorismo. Entre ellas, propone la creación del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
El P.E. 307-26 es un proyecto de ley enviado al Congreso, por lo que las medidas incluidas en su articulado forman parte de la iniciativa y quedan sujetas al correspondiente tratamiento legislativo.
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