Araujo pide que se reabra en el Congreso el debate sobre tierras en manos extranjeras 

El diputado de la Nación por Tierra del Fuego, Jorge “Koky” Araujo, se refirió al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó la sentencia que había dejado sin efecto la derogación de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad de Tierras Rurales.  

“Este fallo abre un nuevo escenario y vuelve a poner sobre la mesa una discusión que el Congreso no puede eludir: qué límites debe tener la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y qué herramientas conserva la Argentina para proteger su territorio y sus recursos estratégicos”, sostuvo Araújo. 

 El legislador recordó que esta preocupación ya había sido planteada desde el Congreso. Araujo fue cofirmante del proyecto de ley 3247-D-2026, que propone restablecer y modificar las restricciones previstas en la Ley de Tierras Rurales para la adquisición de inmuebles   rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras.  

“La tierra no es una mercancía más. Es territorio, producción, recursos naturales y   soberanía. No estamos hablando solamente de una operación inmobiliaria: estamos   hablando de qué país queremos construir y de qué capacidad debe conservar el Estado argentino para proteger sus intereses estratégicos”, afirmó.  

Araújo señaló que la discusión adquiere una dimensión particularmente sensible para Tierra del Fuego, la Patagonia y el Atlántico Sur, donde la cuestión territorial se encuentra   estrechamente vinculada con los recursos naturales, las zonas de frontera, la proyección   antártica y los intereses estratégicos de la Argentina.  

“El fallo de la Corte resuelve una cuestión judicial concreta, pero no puede cerrar el debate político y legislativo. Si la legislación vigente dejó de proteger determinados intereses   nacionales, corresponde que el Congreso discuta democráticamente cuáles deben ser las   nuevas reglas”, expresó.  

Finalmente, el diputado fueguino sostuvo que la Argentina necesita una política de Estado  sobre su territorio.  

“Defender la soberanía también significa decidir quién puede adquirir determinadas tierras, bajo qué condiciones y con qué límites. Esa discusión tenemos que darla con responsabilidad, sin consignas y pensando en las próximas generaciones”.