Siguen las controversias con el buque británico

28/08 2026 El mandatario rechazó las acusaciones del Gobierno nacional respecto de las autorizaciones otorgadas al buque petrolero en territorio provincial y dijo que  “son ellos los que tienen que hacerse cargo”. El Fiscal de Estado pidió informes.

 USHUAIA.- El gobernador Gustavo Melella cuestionó ayer los intentos del Gobierno nacional de trasladar a la Provincia la responsabilidad por el ingreso y amarre de un buque de bandera inglesa en el puerto de Ushuaia y remarcó que las autorizaciones correspondientes no dependen del Estado provincial.

En este sentido, Gustavo Melella señaló que “acá el Gobierno nacional tiene una responsabilidad” y sostuvo que “tratan de llevarla a la Provincia, que no la tiene, hasta fabricando documentos truchos, esta es la realidad”.

En esta línea explicó que las competencias sobre la circulación de las embarcaciones y su ingreso al puerto se encuentran fuera de la órbita provincial. “La circulación de la embarcación en aguas de la provincia quien autoriza es la Prefectura Naval Argentina, y quien autoriza el amarre es ANPYN, no la Provincia”, afirmó.

En cuanto al ingreso al puerto de Ushuaia, el Gobernador remarcó que la provincia tampoco tiene intervención en las autorizaciones otorgadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y recalcó que «ni siquiera nosotros podemos ingresar al puerto, no nos dejan, es la ANPYN. Son ellos los que se tienen que hacer cargo”, expresó.

En este contexto, reiteró la gravedad de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional sobre el puerto de Ushuaia, y aseveró que «es una intervención ilegal e ilegítima que hizo ANPYN con acompañamiento de actores locales”.

“La realidad es que se están llevando los fondos de la Provincia”, afirmó, y remarcó: “El hecho más grave es la intervención que han hecho, que es ilegal e ilegítima, y se llevan los recursos de los fueguinos”.

En relación a la situación de los trabajadores del puerto de Ushuaia, el Gobernador confirmó que la Provincia continúa afrontando el pago de los salarios y explicó que actualmente “se pagan desde los fondos que le quedaron a la Dirección Provincial de Puertos”, aunque señaló que se trata de recursos limitados. “Esto es acotado. Por eso, realmente, es muy grave lo que han hecho”, sostuvo.

Por último, manifestó su expectativa respecto de una pronta resolución judicial y concluyó: “Ojalá la Justicia Federal resuelva rápidamente, porque es una intervención encubierta por parte del Gobierno nacional”.

Intervención del Fiscal de Estado

El fiscal de Estado de la Provincia, Virgilio Martínez de Sucre, remitió este miércoles al gobernador Gustavo Melella un pedido de informes sobre actuaciones del Poder Ejecutivo vinculadas al navío de bandera británica y le otorgó un plazo de quince días para remitir un informe documentado que esclarezca la situación.

La intervención de la Fiscalía se originó en una denuncia particular e ingresó formalmente a la Gobernación el 26 de agosto. En ella, solicita que, con la intervención previa del Servicio Jurídico de la Gobernación, aporte expedientes físicos y digitales, resoluciones, actas y comunicaciones oficiales respondiendo:

• Si constan registros de amarre, despacho, operaciones o servicios de practicaje del buque en el puerto de Ushuaia o en la monoboya de Cullen, tanto en el presente año como en períodos anteriores, remitiendo copias certificadas.

• Si el Gobierno provincial recibió notas, correos oficiales o solicitudes de agencias marítimas, de la operadora del yacimiento en Cullen (TotalEnergies) o de autoridades federales para autorizar o viabilizar la operatoria del tanquero.

• Si algún ministerio, secretaría u organismo provincial otorgó algún aval, conformidad, autorización o «no objeción» para el ingreso del barco a aguas fueguinas y a la monoboya de Cullen, demandando copia de minutas, correos electrónicos y expedientes.

• Si estas operaciones exigen habilitación previa y demanda el envío del acta de inspección de la carga, el manifiesto del crudo autorizado, la identificación formal de la empresa que contrató el navío y el marco normativo de control frente a lo establecido por la Ley Provincial Nº 852 («Ley Gaucho Rivero»).

Por último, Martínez de Sucre pidió a Melella que informe específicamente, “de qué manera se constata si un buque se encuentra realizando tareas vinculadas directamente con la exploración o explotación de recursos naturales dentro del ámbito de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina antes de consentir su operación logística y de carga”.

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