RÍO GRANDE. – El Juzgado de Instrucción Nº1 de esta ciudad, a cargo de la jueza María Rosa Santana, lleva adelante una investigación para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de un niño de 3 años, ocurrida el 20 de agosto en el Hospital Regional Río Grande.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la madre del pequeño, identificado como Tyrone Lionel, quien cuestionó la atención médica recibida por su hijo y planteó la posibilidad de que se hubiera producido una presunta mala praxis.
En el marco de las primeras medidas investigativas, durante la tarde del lunes se realizó una orden de presentación en el Hospital Regional Río Grande. Como resultado, se incorporaron al expediente la historia clínica del paciente, registros de las cámaras de seguridad y documentación administrativa vinculada con las distintas instancias de su atención.
De acuerdo con lo expuesto en la denuncia, el niño ingresó a la guardia durante la tarde del miércoles 19 de agosto, luego de presentar diarrea, vómitos y fiebre. Según el relato de la familia, tras ser evaluado habría sido diagnosticado con un cuadro de gastroenteritis leve, recibió medicación y posteriormente fue enviado a su domicilio.
La presentación judicial cuestiona que durante esa primera atención no se habrían solicitado estudios complementarios. Posteriormente, ante el agravamiento de su estado de salud, el niño regresó al hospital y quedó internado en el área de Terapia Intensiva Pediátrica.
El menor falleció al día siguiente. Según consta en la denuncia, para ese momento presentaba un cuadro de falla multiorgánica asociado a una infección bacteriana severa.
A partir de estos hechos, la Justicia busca reconstruir de manera precisa la evolución del cuadro clínico, los tratamientos indicados y las decisiones adoptadas por los profesionales durante las distintas instancias de atención.
La investigación apunta a determinar si existió alguna irregularidad en la asistencia brindada y, eventualmente, si esa circunstancia pudo haber tenido incidencia en el desenlace fatal.
Para ello serán analizadas la historia clínica, las actuaciones administrativas, los registros de las cámaras de seguridad y toda otra documentación que resulte incorporada a la causa. También se prevé la realización de las pericias médicas necesarias para establecer la evolución del paciente y evaluar la actuación de los profesionales intervinientes.
Entre otros aspectos, los investigadores deberán determinar si se cumplieron los protocolos correspondientes, cuáles fueron las decisiones adoptadas frente a la evolución del cuadro y si existió algún incumplimiento que pudiera derivar en responsabilidad profesional.
Hasta el momento no hay personas imputadas y la presunta mala praxis denunciada no ha sido acreditada judicialmente. La causa se encuentra en una etapa inicial y será el análisis de las pruebas y pericias el que permita establecer con precisión qué ocurrió y si existen responsabilidades penales.
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