Polémica en Malvinas por megaproyecto para instalar una salmonera

Los isleños piden convocar a un referéndum.

Los 3.500 habitantes de las islas están divididos sobre el emprendimiento, que traería inversión y empleo, pero los críticos afirman que el costo ambiental sería demasiado alto, según un diario inglés.

El proyecto para instalar granjas de salmón en las Islas Malvinas quedó en el centro de un debate entre quienes promueven la diversificación productiva y quienes advierten sobre sus posibles impactos ambientales. En ese marco, la organización Salmon Free Falklands, integrada por residentes del archipiélago, impulsa un referéndum para que la población defina el futuro de la iniciativa, según informó el diario británico The Guardian.

El emprendimiento está a cargo de Unity Marine, sociedad integrada por la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS. La propuesta contempla la producción de hasta 50.000 toneladas de salmón al año en 16 ubicaciones. Una evaluación encargada por el gobierno local estimó que una producción de 30.000 toneladas podría aportar unos 35 millones de libras esterlinas anuales a la economía y generar 133 puestos de trabajo.

Los principales cuestionamientos apuntan a la falta de información considerada suficiente sobre los efectos de la actividad en el ecosistema marino. Sally Poncet, integrante de Salmon Free Falklands, sostuvo que los informes utilizados durante el proceso se basan en información proporcionada por la empresa que, según afirmó, no puede ser verificada de manera independiente.

La organización también advierte sobre posibles efectos de los desechos de la actividad sobre los bosques de algas, las áreas de desove del calamar y otras especies. Louise Cherrie, asesora de la entidad y exintegrante de la autoridad de protección ambiental australiana, cuestionó además que todavía no se haya determinado mediante estudios científicos rigurosos la capacidad de carga ambiental de la zona.

El gobierno de las Islas Malvinas sostuvo una posición formal de neutralidad y afirmó que los estudios encargados buscan aportar información para evaluar distintos escenarios, sin implicar una aprobación definitiva del proyecto. Según explicó un portavoz citado por The Guardian, el análisis sobre capacidad de carga fue solicitado para mostrar cómo se aplicaría el proceso de modelización a un proyecto potencial y no para establecer la capacidad real del territorio.

El proyecto tiene antecedentes políticos y judiciales. En 2022, las autoridades habían rechazado la instalación de una granja de salmón, pero Unity Marine impulsó posteriormente una revisión judicial al considerar que debía realizarse una consulta a la población. Una orden consensuada entre las partes anuló aquella resolución y dio lugar al procedimiento de consulta pública actualmente vigente.

Desde la empresa, James Wallace, director gerente de Fortuna, defendió el proceso y señaló que la iniciativa se encuentra todavía en una etapa de investigación sobre su viabilidad económica, social y ambiental. También sostuvo que una eventual decisión debería basarse en una evaluación de impacto ambiental rigurosa.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. En paralelo, el pedido de referéndum plantea que la definición sobre la instalación de la actividad quede en manos de los habitantes del archipiélago, en un debate que enfrenta las expectativas de inversión y empleo con las advertencias sobre el impacto de una producción intensiva sobre el ecosistema marino.