Ante un nuevo golpe al empleo fabril riograndense.
Ante los despidos anunciados en Mirgor, el intendente Martín Pérez criticó las políticas del presidente de la Nación a quien acusó “de avanzar sobre la industria fueguina”, aunque también puso el foco “en las empresas que acumularon ganancias al amparo del régimen promocional y que toman ahora como variable de ajuste a los trabajadores”.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, calificó como “gravísimo” lo que sucede en Mirgor y advirtió que la pérdida de puestos de trabajo en la industria fueguina no puede analizarse únicamente desde las estadísticas, porque detrás de cada despido hay familias y una comunidad entera afectada.
“Lo que sucede en Mirgor es gravísimo”, afirmó Pérez, al referirse a los despidos anunciados en una de las principales empresas industriales radicadas en Río Grande.
El intendente sostuvo que el impacto de la crisis laboral trasciende ampliamente a quienes pierden directamente su empleo. “Detrás de cada persona que se queda sin trabajo hay una familia fueguina que queda en la incertidumbre. Y en definitiva, la comunidad completa termina recibiendo el golpe”, planteó.
Para Pérez, la situación de Mirgor debe inscribirse en un escenario más amplio, marcado por decisiones del Gobierno nacional que, según sostuvo, están afectando de manera directa la estructura productiva de Tierra del Fuego.
En ese sentido, apuntó contra las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei y afirmó que el Gobierno nacional “sigue tomando una medida tras otra que le pegan, sin pausa, a nuestra industria”.
“Milei desmantela el trabajo fueguino. Abren importaciones por todos los canales imaginados como si fuésemos un depósito gigante y no un país que debe proteger a millones de trabajadores”, sostuvo el jefe comunal.
Pérez también contrapuso la política económica argentina con las estrategias que, según señaló, están adoptando otros países para preservar sus capacidades productivas.
“Los países centrales suben aranceles y vuelven a la industria. Milei acelera para el otro lado y los resultados son estos”, señaló.
El enfático planteo del mandatario municipal no se dirigió exclusivamente al Gobierno nacional. Pérez también reclamó responsabilidad a las empresas que desarrollaron desde los años 70 sus actividades en el marco de la Ley 19640.
“Las empresas que acumularon ganancias durante décadas al amparo del régimen industrial fueguino tienen una responsabilidad con nuestra provincia y con sus trabajadores”, afirmó.
En ese marco, dejó planteado un interrogante que atraviesa el debate sobre el futuro de la industria fueguina: “¿O acaso los beneficios son privados y las pérdidas son de toda la comunidad?”.
Para Pérez, la respuesta debería traducirse en una decisión concreta por parte de las empresas frente al actual escenario económico: “La primera variable de ajuste deben ser sus márgenes de ganancia y NO el empleo”, sostuvo, reclamando que el costo de las dificultades económicas no recaiga sobre los trabajadores.
El jefe comunal sostuvo además que Tierra del Fuego necesita un sector privado dispuesto a asumir un compromiso de largo plazo con la provincia.
“Necesitamos empresarios que produzcan, inviertan y se comprometan con la comunidad que les permitió expandirse y acumular”, afirmó.
Cabe destacarse que la acuciante problemática laboral tiene una dimensión particularmente sensible en Río Grande, donde la industria constituye uno de los principales motores de la economía local y sostiene un entramado que excede a las propias fábricas: trabajadores, proveedores, comercios y familias dependen directa o indirectamente de su funcionamiento.
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