Trabajadores del Puerto capitalino denunciaron que los interventores nacionales no cumplieron una ley provincial y permitieron el amarre de un barco con bandera británica. AIRE LIBRE FM entrevistó a Gastón Castillo, quien es director administrativo contable, quien señaló que «esta intervención opera sin transparencia», y recordó que los 82 trabajadores fueron reasignados y, «si la intervención continúa, peligra el pago de sus salarios por la caída de ingresos del puerto».
Castillo habló en el programa La Voz del Viento y comenzó manifestando que «hoy (lunes) amanecimos así con esta con esta sorpresa. Ya nos tienen acostumbrados la intervención prácticamente todas las semanas a traer alguna cosa nueva. La intervención ha tomado control sobre el sobre un recurso estratégico de la provincia, y ellos son los que tienen el control detodas las operaciones y todo lo que se desarrolla. Para nosotros fue toda una sorpresa que apareciera este buque, que aparentemente viene de Estados Unidos y tiene una bandera de la corona británica, y es de explotación petrolera».
Agregó que «desde que comenzó la intervención, estas personas, como puede ser Polizi que viene del lado del senador Coto, y algún gremialista como Juan Avellaneda, que es el que inició y operó para que ocurriese la intervención. Pero después ya no salieron a dar nunca más ningún tipo de explicaciones ni hablar directamente con los medios. Solo se manejan a través de gacetillas. Ningún funcionario sale a dar explicaciones o hablar. Yo creo que como funcionarios públicos tendrían que salir a dar explicaciones sobre algunos sucesos importantes, como este avasallamiento a la soberanía nacional, porque somos la provincia a la cual le pertenece Malvinas».
Esta intervención comenzó el 21 de enero pasado y según la resolución sería por un plazo de 12 meses prorrogable: «No dice a cuántos meses más, pero nosotros ya entendemos por las licitaciones que se están llevando a cabo, que sería por más tiempo, porque las licitaciones hablan de de aparentemente un tiempo de 270 días para finalización de obra».
En Tierra del Fuego existe la ley Gaucho Rivero que prohíbe el amarre, abastecimiento y las operaciones de barcos o buques con bandera británica en el puerto de Ushuaia…
«Así es. Empezando que es ilegal la intervención. Es medio difícil que ellos declaren legalidad, o sea, que tomen una ley provincial, porque ellos no consideran en su acción las leyes provinciales. Por ejemplo, han llamado a licitación pública y no hay un estudio de impacto ambiental. No les interesan las leyes provinciales. Ellos se manejan de acuerdo a lo que Nación les dice. Por eso nosotros decimos que han generado un Estado aparte con el puerto. Ni siquiera hubo comunicaciones con la Provincia, no estaban enterados de que venía un buque de estas características».
¿Y la situación de los trabajadores, cuál es en este momento?
«Nuestros puestos de trabajos naturales están intervenidos. A ver, existe lo que se llama la Dirección Provincial del Puerto, que es el ente autárquico, y del ente autárquico depende el puerto de Ushuaia. En este caso, se interviene el puerto de Ushuaia y nosotros los 82 trabajadores que quedamos afuera del puerto de Ushuaia y que trabajábamos directamente ahí, hoy en día estamos reasignados a hacer tareas dentro de lo que es la dirección provincial del puerto, que es el ente autárquico. Pero no son nuestras tareas naturales o nuestras funciones naturales que estamos esperando a desarrollarlo una vez que se resuelva el tema de la intervención, porque nosotros seguimos atendiendo».
«Hay un solo sindicato que se armó 6 meses previo a la intervención, y que es el sindicato que apoyó la intervención, o sea, que afilió a los 18 trabajadores que quedaron trabajando en el Puerto».
(EN EL AUDIO, LA ENTREVISTA COMPLETA).
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