Las esposas de retirados de la Policía Territorial se presentaron en una dependencia policial de Río Grande para solicitar que se concrete una reunión con los integrantes del directorio de la Caja de Previsión Social, ante la falta de respuestas por los haberes adeudados.
Según señalaron, existen tres directores de la Caja que tienen residencia en Río Grande y que no estarían concurriendo a Ushuaia para cumplir con sus funciones. Desde la propia Caja, según explicaron, les habrían manifestado que los funcionarios no cuentan con gastos de representación para trasladarse.
Las mujeres cuestionaron ese argumento y señalaron que quienes se postularon para integrar el directorio conocían previamente las condiciones establecidas para el desempeño de esas funciones. También cuestionaron la forma en que se habrían percibido los gastos de representación, asegurando que fueron incorporados como parte del salario y no rendidos mediante la correspondiente facturación.
El reclamo se da en un contexto de fuerte preocupación por la situación de los retirados. Las esposas aseguraron que llevan aproximadamente un año y medio sin cobrar sus haberes y tres aguinaldos adeudados.
A esto se suma, según denunciaron, la situación de alrededor de 200 policías que se encuentran en disponibilidad luego de haber iniciado los trámites para acceder a su retiro, pero que no pueden concretarlo debido a que la Caja no tendría los fondos necesarios para afrontar esas jubilaciones.
“Presentaron los papeles de jubilación, pero no se pudieron jubilar porque la Caja no tiene el dinero para afrontar ese retiro”, explicaron. Mientras tanto, indicaron, esos efectivos permanecen en sus domicilios y continúan percibiendo sus salarios como personal en actividad, de acuerdo con lo que establece la normativa.
Las esposas también plantearon interrogantes sobre los aportes realizados durante décadas de servicio. “Nuestros esposos aportaron más de 30 años”, remarcaron, reclamando conocer qué ocurrió con esos fondos y por qué actualmente no existen recursos para afrontar los beneficios previsionales.
El pedido de reunión
Ante la ausencia de una sede de la Caja en Río Grande, las mujeres decidieron presentarse personalmente para intentar conseguir una reunión con los integrantes del directorio.
Explicaron que aguardaban una comunicación del presidente de la Caja para conocer si finalmente serían recibidas.
La presencia en una dependencia policial estuvo relacionada, según explicaron, con una publicación realizada previamente por la propia Caja en la que se habría hecho referencia a un supuesto temor por la integridad de sus integrantes frente a las manifestaciones de las esposas.
Las mujeres rechazaron cualquier interpretación de amenaza y aseguraron que su intención es poder dialogar y obtener explicaciones.
Recordaron además que el último encuentro cara a cara con integrantes del directorio se produjo en la Legislatura, después de casi un año sin mantener contacto directo.
“Creo no haberles nunca faltado el respeto”, sostuvo una de las mujeres, aunque reconoció el enojo y la angustia que genera la falta de respuestas.
El reclamo también alcanza al Poder Judicial. Las esposas cuestionaron decisiones judiciales vinculadas con el conflicto previsional y manifestaron su preocupación por los tiempos que podría demandar una resolución definitiva.
“Nos dicen que nuestros esposos tienen que hacer un juicio que prácticamente va a durar más de diez años”, expresaron, advirtiendo que muchos de los beneficiarios son personas mayores y que no están dispuestas a esperar indefinidamente para acceder a un derecho previsional que consideran adquirido.
“Voy a pelear hasta el final y hasta el día que digan que mi esposo va a cobrar”, concluyó una de las entrevistadas.
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