Defensoría de la Niñez: un concurso bajo sospecha y camino a la nulidad

El concurso impulsado por la Legislatura de Tierra del Fuego para seleccionar al Defensor Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ingresó en una situación difícil de sostener después de la audiencia pública del viernes pasado. Las objeciones acumuladas durante el procedimiento adquirieron allí una dimensión mayor y dejaron planteados cuestionamientos formales y políticos que podrían desembocar en la nulidad de todo lo actuado.

La controversia excede cualquier discrepancia sobre los postulantes. Entre las irregularidades señaladas aparecen la falta de publicación oportuna de los exámenes, la imposibilidad de acceder durante el proceso a los currículums completos, las dificultades para controlar antecedentes y formular impugnaciones y, especialmente, la incorporación progresiva de reglamentaciones cuando el concurso ya estaba en marcha. De los más de 60 inscriptos inicialmente, además, 45 quedaron excluidos en una primera etapa por la forma en que se acreditó el requisito de residencia.

Durante la audiencia, estas observaciones fueron formuladas desde distintos sectores.

Débora Ranieri, presidenta de PRODECI, advirtió que sin los exámenes publicados “no hay manera de saber si hubo una igualdad en la corrección de los exámenes para cada uno si no hay publicidad de los actos de gobierno”.

La legisladora provincial de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, por su parte, sostuvo que “no ha sido, lamentablemente, un concurso de antecedentes y oposición” y reclamó revisar íntegramente el procedimiento.

El episodio que profundizó las dudas sobre la imparcialidad ocurrió cuando Sabrina Marcucci, primera en el orden de mérito provisorio, reconoció su relación con María Victoria Vuoto, legisladora justicialista, presidenta de la Comisión Evaluadora Ad Hoc e impulsora central del proceso. Marcucci afirmó que con ella comparte “el mismo enfoque laboral, filosófico, ideológico y político” con la hermana del intendente de Ushuaia.

La propia Vuoto confirmó inmediatamente una relación de trabajo sostenida en actividades vinculadas con las infancias: “Es de público conocimiento que junto a la licenciada Marcucci y un grupo de profesionales organizamos cada dos años el Congreso Internacional de Infancias y Adolescencias en la provincia” confesó la legisladora.

La existencia de ese vínculo no acredita por sí sola un favoritismo, pero adquiere relevancia institucional porque una integrante de la Comisión Evaluadora mantiene una relación reconocida con quien encabeza provisoriamente el orden de mérito. El interrogante central es si esa circunstancia fue informada oportunamente, si Vuoto intervino en la evaluación y asignación de puntajes de Marcucci y, de haberlo hecho, si correspondía que se excusara para preservar la imparcialidad y también su apariencia.

El reconocimiento público se produjo, además, sobre un procedimiento previamente cuestionado por su opacidad. Las reglas conocidas mientras avanzaban las etapas, la ausencia de documentación indispensable para controlar las evaluaciones y las limitaciones para impugnar alimentaron sospechas de direccionamiento que la audiencia, lejos de despejar, terminó profundizando.

La abogada Carlota Julia López resumió otro aspecto sensible al advertir sobre la necesaria autonomía de quien deberá controlar al propio Estado: “No se puede incomodar al poder si se es parte de ellos”. La observación adquiere particular significado tratándose de una institución destinada a proteger durante cinco años los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La responsabilidad política del procedimiento alcanza en primer término a Vuoto, por su intervención en la Comisión Ad Hoc, pero también compromete institucionalmente a la presidenta de la Legislatura, la vicegobernadora Mónica Urquiza. Bajo su conducción, el Poder Legislativo permitió que el concurso avanzara pese a los cuestionamientos sobre publicidad, igualdad e imparcialidad que ahora quedaron expuestos públicamente.

El antecedente nacional de 2025, donde otro concurso para la Defensoría terminó anulado tras graves controversias, agrega un dato difícil de soslayar. En Tierra del Fuego, la acumulación de defectos formales, las sospechas de direccionamiento y el conflicto derivado de vínculos reconocidos entre evaluadores y postulantes colocan ahora al proceso ante un desenlace que aparece cada vez más probable: revisar lo actuado y declarar la nulidad del concurso antes que legitimar una designación definitivamente cuestionada antes de consumarse.