El director del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego, Ariel Ciares, destacó -en AIRE LIBRE FM- la formación de los cadetes y planteó los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema penitenciario provincial. Advirtió por el crecimiento sostenido de la población privada de la libertad, la necesidad de nuevos espacios y la importancia de contar con una legislación de ejecución penal propia.
Durante la entrega de sables a cadetes de segundo y tercer año del Instituto de Ciencias Penitenciarias, Ciares explicó que actualmente el Servicio Penitenciario cuenta con aproximadamente 480 integrantes, aunque aclaró que no todos se encuentran abocados directamente a la atención de las personas privadas de la libertad.
Uno de los principales problemas señalados por el funcionario es el crecimiento de la población carcelaria.
“El Servicio Penitenciario todo el tiempo está tratando de conseguir nuevos espacios en virtud de que tenemos un ingreso poblacional del 20%. Todos los años está creciendo el 20% la población existente”, afirmó.
En ese contexto, sostuvo que el desafío no pasa únicamente por disponer de lugares donde alojar internos, sino por garantizar las condiciones necesarias para llevar adelante un adecuado tratamiento penitenciario.
“La privación de libertad no tiene que ver solamente con alojar a una persona y que no se escape. Tiene que ver con muchas cosas: atenderlo desde lo psicológico, desde lo médico, brindarle herramientas para que en algún momento, cuando salga en libertad, pueda interactuar con el medio libre”, explicó.
Reclaman una ley de ejecución penal propia
Ciares señaló que desde el Servicio Penitenciario vienen planteando al Ejecutivo la necesidad de contar con nuevos espacios de alojamiento y, además, avanzar en una ley provincial de ejecución penal.
Según explicó, actualmente deben aplicar la Ley 24.660, de carácter nacional, que fue diseñada contemplando recursos y características de una población penitenciaria diferentes a las de Tierra del Fuego.
“Es necesario poder avanzar en una ley de ejecución propia”, sostuvo.
También anticipó que trabajan en un proyecto para derogar la Ley 1313, que, según explicó, actualmente dificulta el acceso a determinados beneficios para las personas privadas de la libertad.
Ciares defendió la posibilidad de que quienes cumplen determinadas condiciones puedan acceder anticipadamente a beneficios que permitan mantener el vínculo con sus familias.
“Dentro de la privación de libertad, algunos que se pueden portar bien, se portan bien. Hay muchos, por suerte, que podrían acceder a un beneficio anticipado para que vayan a ver a su familia”, explicó. Y agregó: “No solo es el interno, estamos hablando de grupos familiares que están esperando afuera”.
355 internos y 25 personas monitoreadas electrónicamente
Actualmente, el Servicio Penitenciario tiene 355 hombres privados de la libertad alojados en las distintas jurisdicciones de la provincia, además de 11 mujeres y 25 personas bajo monitoreo remoto mediante dispositivos electrónicos.
Ciares evitó establecer un costo total por interno para el Estado, debido a que existen gastos que dependen de otras áreas, especialmente los relacionados con salud.
“Hay costos que nosotros no manejamos, como la cuestión de salud, que tiene que ver con las atenciones médicas dentro de los hospitales y con la provisión de medicamentos”, explicó.
“Cuanto más población tenés, menos posibilidades”
Consultado sobre la relación entre la sobrepoblación y los problemas de seguridad, Ciares fue contundente.
“El hacinamiento o la sobrepoblación de privados de libertad afecta directamente la seguridad. Es directamente proporcional”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la falta de espacios adecuados, personal suficiente y una normativa adaptada a la realidad provincial dificulta el trabajo cotidiano.
“Cuanto más población tenés, menos posibilidades, no tenés espacios adecuados, lugares adecuados, normativa que no te acompaña, entonces es difícil poder llevar adelante una ley de ejecución”, señaló.
El funcionario aclaró que el Servicio Penitenciario está obligado a recibir a una persona cuando existe una orden judicial de alojamiento.
“Nosotros no podemos decir que no porque estamos en un cumplimiento judicial”, explicó.
El 60% de los internos está vinculado a delitos sexuales
Ciares también brindó un dato sobre la composición de la población penitenciaria provincial.
Según indicó, aproximadamente el 60% de los internos está vinculado a causas por incumplimiento del artículo 119 del Código Penal, correspondiente a delitos contra la integridad sexual.
“Tenemos más o menos un 60% entre procesados y condenados”, precisó.
Una nueva cárcel, entre los proyectos en análisis
Ante el crecimiento de la población penitenciaria, el director confirmó que la construcción de una nueva unidad carcelaria para Tierra del Fuego continúa siendo analizada por el Ejecutivo.
“Esto ya se viene planeando desde hace tiempo. Está, por supuesto, en trámite a través del Ministerio de Obras Públicas”, señaló.
Ciares explicó que ya se trabajó en el diseño de un sistema penitenciario que contemple las características del territorio, la sociedad y el tipo de población penal existente.
Entre las alternativas analizadas mencionó un sector cercano al Parque Industrial de Ushuaia y otro espacio ubicado junto a la actual unidad penal, donde podría construirse una denominada “cárcel espejo”.
“Hay varios lugares en expectativa”, indicó.
El funcionario reconoció que la ubicación de una cárcel suele generar resistencia social, pero sostuvo que es necesario encontrar un espacio adecuado para responder al crecimiento de la población penitenciaria.
Reconocimiento al personal penitenciario
Durante la entrevista, Ciares también destacó el trabajo de los agentes penitenciarios y cuestionó que muchas veces no se valore suficientemente la tarea que realizan.
“Estoy profundamente agradecido. Tengo un grupo humano muy valorable que todos los días se preocupa por hacer lo mejor que puede con lo que tiene”, expresó.
Remarcó además las exigencias de la actividad, señalando que los trabajadores penitenciarios pueden cumplir jornadas de entre 12 y 15 horas para completar sus tareas.
“Me parece importante poner en valor la actividad penitenciaria”, sostuvo.
Finalmente, destacó que los agentes deben permanecer durante décadas dentro del sistema antes de poder retirarse: “Estamos hablando de que tiene que estar 35 años aportando a un sistema para poder retirarse”.
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