Luego de una inédita pulseada entre el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia, finalmente ejercerá el cargo la abogada María Elena Guerrero.
El Superior Tribunal de Justicia oficializó el nombramiento de la flamante titular del Juzgado de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Sur, poniendo fin a una controversia institucional sin precedentes. Y además impulsó la elaboración de un nuevo reglamento para garantizar la transparencia de los concursos de magistrados.
Después de más de ocho meses de debate institucional, el Superior Tribunal de Justicia confirmó el martes último la designación de la abogada María Elena Guerrero como titular del Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Sur.
La decisión fue adoptada mediante la Acordada N° 70/2026, que dispone su nombramiento a partir del momento en que preste juramento y tome posesión del cargo.
Con esa resolución quedó cerrada una de las controversias más inusuales que se recuerden en el proceso de selección de magistrados de Tierra del Fuego, luego de que el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal mantuvieran posiciones enfrentadas sobre la cobertura de la vacante.
CÓMO FUE EL CONFLICTO
La historia se inició el 18 de noviembre de 2025, cuando el Consejo de la Magistratura resolvió, por mayoría, seleccionar a María Elena Guerrero para ocupar el juzgado vacante.
Sin embargo, meses después, el Superior Tribunal de Justicia rechazó esa propuesta mediante la Acordada N° 24/2026, una decisión inédita dentro del sistema institucional fueguino.
El máximo tribunal no cuestionó la legalidad del concurso ni la aptitud general de la postulante, sino que consideró insuficientemente fundada la decisión del Consejo de elegirla por encima de otras concursantes que, según el análisis comparativo efectuado por los ministros, exhibían mayores antecedentes específicos en el fuero de Familia.
En esa resolución, el STJ sostuvo que, cuando existen postulantes con trayectorias objetivamente superiores en la materia concursada, la elección de otro concursante requiere de una fundamentación especialmente detallada.
Lejos de aceptar ese criterio, el Consejo de la Magistratura ratificó por unanimidad la propuesta original.
Mediante la Acordada N° 693/2026, amplió los fundamentos de la designación y volvió a insistir en que Guerrero reunía las condiciones de idoneidad necesarias para ocupar el cargo.
Los consejeros destacaron el desempeño de la postulante durante el examen escrito, la entrevista personal y, especialmente, su trayectoria profesional de más de trece años en asuntos vinculados al Derecho de Familia.
La insistencia fue acompañada por unanimidad por la presidente del organismo, Miriam Edith Cristiano (integrante además del Superior Tribunal de Justicia); el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre; el ministro jefe de Gabinete del Gobierno provincial, Jorge Canals; los legisladores Victoria Vuoto y Jorge Lechman; y los abogados Alejandro Pagano Zavalía y Horacio Castelli.
Finalmente, el Superior Tribunal resolvió designar a Guerrero y, al mismo tiempo, incorporar un elemento que apunta a evitar futuras controversias.
La propia Acordada N° 70/2026 dispone remitir al Consejo de la Magistratura un proyecto de Reglamento General de Concursos, con el propósito de avanzar en la elaboración conjunta de un régimen “que fortalezca la objetividad, la transparencia y la adecuada fundamentación de los procedimientos de selección de magistrados”.
El documento propone establecer criterios más claros para la evaluación comparativa de antecedentes y para la motivación de las decisiones adoptadas en los concursos, procurando brindar mayor previsibilidad al proceso de designación de jueces.
UN ANTECEDENTE QUE TRASCIENDE ESTE CONCURSO
Más allá de la cobertura de una vacante específica, la controversia dejó planteado un debate institucional sobre el alcance de las facultades de los dos órganos que intervienen en la selección de magistrados.
Por un lado, el Consejo de la Magistratura reivindicó su potestad constitucional para seleccionar a los postulantes que considera más aptos.
Por otro, el Superior Tribunal reafirmó que su intervención no constituye una mera homologación formal, sino también un control destinado a verificar que las decisiones se encuentren debidamente fundadas.
La designación de María Elena Guerrero pone fin a ese conflicto, aunque el intercambio entre ambos organismos derivó en una revisión de las reglas del sistema de concursos que podría influir en futuras designaciones dentro del Poder Judicial fueguino.
De esta manera, los dos juzgados de Familia son ejercidos por titulares mujeres. Además de Guerrero, en el Nro. 1, la jueza Anahí Petrina, ocupa el Nro. 2.
QUIÉNES CONCURSARON
Fueron diez postulantes: Paula Andrea Heredia Araoz, María Eugenia Duhart, María Julia Barceló, Gonzalo Martín Carrillo Herrera, María Eugenia Díaz, Francisco Javier Lerario Sánchez Menú, Karina Rosa Merich, Carolina Soledad Osta y Valeria Judith Rossi, quien desistió a último momento de concursar.
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