La Fiscalía investiga cómo se fugó el preso que atacó con un hacha a un vecino

Facundo Ávila Gómez permaneció diez horas fuera del control penitenciario tras beneficiarse con un permiso de salida.

El fiscal Nicolás Arias tomó intervención en el caso, al igual que la jueza María Cristina Barrionuevo, titular del Juzgado de Instrucción Nro. 2. Por su parte el juez de Ejecución Isidoro López deberá fundamentar por qué autorizó el egreso del peligroso interno, condenado en 2024 a 14 años de prisión por homicidio en grado de tentativa.

Facundo Exequiel Jeremías Ávila Gómez, de 24 años, fue detenido en 2023 y condenado en 2024 a 14 años de cárcel por haber atacado brutalmente a Daniel Quinteros, y causarle gravisimas lesiones cuyas secuelas persisten hasta hoy, además de la pérdida de un ojo.

La fuga del interno Facundo Exequiel Jeremías Ávila Gómez ya no sólo es investigada por el incumplimiento del permiso de salida que le había sido concedido por la Justicia, sino también por las circunstancias que hicieron posible su evasión.

El fiscal Nicolás Arias impulsó una investigación penal y calificó inicialmente los hechos como constitutivos del delito de evasión, previsto en el artículo 280 del Código Penal. Paralelamente, ordenó una serie de medidas tendientes a reconstruir cómo se desarrolló el procedimiento desde que el condenado abandonó la Unidad de Detención hasta que desapareció del control penitenciario.

La investigación también procura establecer si existieron irregularidades en el accionar del personal del Servicio Penitenciario Provincial encargado de supervisar el cumplimiento del permiso extraordinario otorgado al interno para visitar a su madre.

En ese marco, Arias analiza la posible aplicación del artículo 281 del Código Penal, que prevé sanciones para quienes faciliten o permitan la evasión de un detenido, incluso cuando ello obedezca a negligencia, por parte de funcionarios públicos.

Para avanzar con la causa, la Fiscalía requirió incorporar el legajo de ejecución penal del condenado, la documentación vinculada a la autorización judicial de la salida, el informe elaborado por la División Policía Científica, las actuaciones administrativas labradas por el Servicio Penitenciario y el expediente de flagrancia iniciado tras la recaptura del interno.

Por el momento, la pesquisa apunta exclusivamente a determinar si existieron fallas en el procedimiento de custodia y control, sin abarcar la decisión judicial mediante la cual se concedió el beneficio de salida.

DIEZ HORAS FUERA DE CONTROL

Ávila Gómez abandonó el establecimiento penitenciario el sábado 11 de julio con autorización para visitar a su madre, pero nunca regresó al lugar donde debía permanecer.

La evasión fue advertida alrededor de las 17.30, momento en que la Policía Provincial emitió un pedido de localización y captura.

Durante las diez horas siguientes, el condenado permaneció fuera del control de las autoridades.

Lejos de entregarse, alrededor de las 3.15 de la madrugada del domingo irrumpió violentamente en una vivienda de calle 12 de Octubre al 600.

Según la investigación, rompió la puerta de ingreso, ingresó armado con un hacha y atacó al propietario del inmueble, Jorge Daniel Figueroa, de 65 años, quien descansaba junto a su familia. La víctima sufrió un corte en una de sus manos y debió recibir asistencia médica.

Tras el llamado al servicio de emergencias, efectivos de la Comisaría Segunda desplegaron un operativo cerrojo que permitió localizar al prófugo pocos minutos después en inmediaciones de Puerto Español y Tolhuin.

Incluso durante el procedimiento, de acuerdo con las actuaciones policiales, intentó acometer contra los efectivos antes de ser reducido y esposado.

Además de la causa por evasión, quedó imputado por daños, violación de domicilio y lesiones.

UN CONDENADO POR UN ATAQUE FEROZ

La gravedad del episodio volvió a poner el foco sobre el perfil del interno.

Ávila Gómez cumple una condena de 14 años de prisión impuesta en 2024 por uno de los ataques más violentos registrados en Ushuaia en los últimos años.

Junto a otros jóvenes, agredió salvajemente a Daniel Quinteros, un vendedor ambulante que había llegado desde Río Grande para trabajar en la capital fueguina.

Daniel Quinteros, de 38 años al momento de los hechos, debió permanecer internado largo tiempo en terapia intensiva, luego de ser atacado por seis jóvenes en una vivienda abandonada de la calle Acigami, en Ushuaia, uno de los cuales era Gómez Avila.

La víctima recibió múltiples puñaladas que comprometieron órganos vitales, sufrió gravísimas lesiones en el rostro, perdió un ojo y fue arrojada desde un primer piso, secuelas que aún hoy padece.

Pese a esos antecedentes y cuando apenas había cumplido dos años de prisión, el interno accedió a un permiso especial de salida concedido por el Juzgado de Ejecución.

Aunque la investigación penal impulsada por el fiscal Arias se concentra en determinar cómo se produjo la evasión y si existieron responsabilidades funcionales durante el procedimiento de custodia, el episodio volvió a reabrir un debate que se repite cada vez que un interno condenado por delitos de extrema violencia incumple un beneficio de salida.

En este caso, la secuencia fue especialmente alarmante, ya que el condenado protagonizó un nuevo episodio de violencia extrema que pudo haber terminado en tragedia.

El caso vuelve a plantear interrogantes sobre los criterios utilizados para conceder este tipo de permisos y sobre los mecanismos de control destinados a garantizar que quienes acceden a esos beneficios no representen un riesgo para la comunidad.