Freites sostiene que la Nación no hizo reserva de las tierras

La diputada nacional cuestionó la decisión del Gobierno nacional de subastar predios en Ushuaia y Río Grande.

La parlamentaria de Unión por la Patria afirmó que la subasta de inmuebles fiscales reabre el debate sobre el alcance de la Ley Provincial N.º 23.775. Señaló que, al momento de la provincialización en 1991, el Estado nacional tenía un plazo para determinar qué tierras conservaría bajo su jurisdicción.

Diputada nacional de Tierra del Fuego, Andrea Freites.

La diputada nacional por Tierra del Fuego Andrea Freites cuestionó la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la subasta de dos predios ubicados en Ushuaia —uno de ellos frente al barrio Monte Gallinero, en la costa de bahía Golondrina y otro lindero a la Base Naval— además de otro inmueble localizado en Río Grande, y anunció la presentación de un pedido de informes para conocer el fundamento jurídico de esas decisiones.

La legisladora sostuvo que durante las últimas semanas siguió con atención las publicaciones del Boletín Oficial, donde el Ejecutivo nacional continuó incorporando inmuebles estatales al proceso de venta impulsado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

‘‘Durante estos últimos cuarenta días uno estaba atento al Mundial, pero también al Boletín Oficial porque el Gobierno nacional no paró de vender tierras fiscales en distintos lugares. En Tierra del Fuego puso a subasta dos terrenos en Ushuaia y otro en Río Grande’’, afirmó.

Freites explicó que el pedido de informes busca esclarecer el alcance del artículo 15 de la Ley Nacional N.º 23.775, mediante la cual Tierra del Fuego dejó de ser Territorio Nacional y se convirtió en provincia.

Según indicó, esa norma establecía que los inmuebles pertenecientes al Estado nacional debían pasar a jurisdicción provincial, salvo aquellos que la Nación decidiera reservar para sí mediante una ley específica.

‘‘Cuando el Territorio Nacional de Tierra del Fuego se provincializó se estableció en su artículo 15 que todas las tierras del Estado nacional pasaban a jurisdicción de la Provincia, excepto aquellas que debían reservarse expresamente mediante una ley. El Estado nacional tenía un plazo de tres años para hacerlo y eso no ocurrió’’, sostuvo.

La diputada agregó que esa situación explica por qué uno de los predios actualmente incluidos en la subasta es utilizado desde hace años por el Municipio de Ushuaia como lugar de acopio de sal para uso invernal.

Más allá del debate jurídico sobre la titularidad de los inmuebles, Freites cuestionó que las decisiones se adopten sin consulta previa con los gobiernos locales.

‘‘Aun suponiendo que se trate de tierras nacionales, lo lógico es que la primera comunicación sea con los gobiernos locales, porque son quienes administran el territorio y planifican su desarrollo», manifestó, subrayando: “Pero eso tampoco ocurrió”.

En ese sentido, consideró que la venta de inmuebles públicos con incidencia urbana requiere un proceso de coordinación institucional entre la Nación, la Provincia y los municipios antes de avanzar con cualquier disposición definitiva sobre esos bienes.