La concejal de Provincia Grande, Daiana Freiberger, cuestionó duramente al Gobierno nacional y al silencio de buena parte de la dirigencia política de Tierra del Fuego frente a una serie de decisiones que, según sostuvo, comprometen los intereses estratégicos de la provincia. Las declaraciones las realizó en Radio Provincia, donde apuntó contra las políticas del presidente Javier Milei y advirtió sobre sus efectos en la industria, la soberanía, el empleo y el ambiente.
“Hay momentos en la historia en los que el pueblo tiene que decidir a través de sus representantes si permanece en silencio o si se pone de pie para defender lo que nos pertenece”, afirmó la edil, quien remarcó el valor geopolítico de la provincia: “Tierra del Fuego es la puerta de entrada a la Antártida, es el corazón del Atlántico Sur”.
En un comunicado de prensa, Freiberger enumeró tres cuestiones concretas que, sostuvo, “no podemos pasar por alto”: la desafectación de predios estratégicos por parte de la AABE, la intervención del puerto de Ushuaia y el debate en torno a la base naval integrada y la cooperación con Estados Unidos.
La venta de tierras de la Armada en UshuaiaEn julio, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) oficializó, mediante la Resolución 101/2026, la desafectación de un predio de 2.939,35 metros cuadrados perteneciente a la Armada Argentina, ubicado dentro de la Base Naval de Ushuaia, entre las calles Yaganes, Horeb y 44 Héroes del ARA San Juan. La medida se apoyó en informes que determinaron que el terreno no tenía destino funcional, más allá de una ocupación transitoria de Camuzzi Gas del Sur para el acopio de caños. Hasta que se concrete la venta, la Armada seguirá a cargo de la custodia del predio.
La medida generó rechazo tanto en sectores políticos como dentro de las propias Fuerzas Armadas. Voces del sector castrense señalaron que se trata de un área considerada estratégica en términos de defensa nacional y geopolítica, por su proyección hacia el Atlántico Sur, el acceso a la Antártida y el paso bioceánico, y trascendió un testimonio que comparó la situación con que Estados Unidos decidiera vender un terreno estratégico de su Comando Sur en Florida. Además, se supo que en ese mismo predio se proyectaba construir la Base Integrada de la Armada.
Otros dirigentes provinciales también habían señalado que ni la provincia ni el municipio de Ushuaia fueron notificados ni participaron de la decisión, y que instituciones como la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, la Legislatura provincial y el Fiscal de Estado no se pronunciaron públicamente.
La intervención del puerto de UshuaiaEn enero de este año, el Gobierno nacional dispuso, a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), la intervención del puerto de Ushuaia. La medida se fundamentó en un supuesto desvío de fondos y en la suspensión de la habilitación del puerto por el plazo de un año, prorrogable, luego de que sindicatos portuarios denunciaran que la creación de la Obra Social del Estado Fueguino podía comprometer el funcionamiento de la Dirección Provincial de Puertos.
El puerto había sido transferido a la provincia en 1992, y desde entonces su administración es competencia fueguina. Por ese motivo, el gobierno de Tierra del Fuego llevó el caso a la Justicia: presentó una demanda por inconstitucionalidad, argumentando que la intervención viola la autonomía provincial y el régimen federal, al tratarse de una intervención encubierta que evita el procedimiento constitucional que exige una ley del Congreso.
La disputa tomó una dimensión adicional cuando trascendió que la intervención podría estar vinculada a intereses de Estados Unidos en la región: apenas una semana después de la intervención, un avión del Departamento de Defensa estadounidense aterrizó en Ushuaia, y legisladores de ese país visitaron la ciudad para gestionar permisos vinculados a minería, residuos y procesamiento de minerales críticos. En ese contexto, un funcionario provincial llegó a plantear públicamente que percibía una presión de Estados Unidos sobre Ushuaia, en paralelo al anuncio de la base naval integrada con el gobierno norteamericano.
La base naval integrada con Estados UnidosEl tercer punto que menciona Freiberger es el proyecto de una “base naval integrada” entre la Argentina y Estados Unidos, un anuncio que generó preocupación en sectores locales por su impacto en la soberanía sobre una zona considerada clave para el control del Atlántico Sur, el paso a la Antártida y la proximidad a las Islas Malvinas. Dirigentes de la región advirtieron que los terrenos que se buscan desafectar en Ushuaia estaban originalmente destinados a la construcción de esa Base Naval Integrada, pensada para operaciones logísticas y de defensa, y calificaron a la provincia como un enclave estratégico frente a las pretensiones británicas sobre Malvinas.
El reclamo por el silencio de los legisladores nacionalesFreiberger fue especialmente crítica con los representantes fueguinos en el Congreso: “no podemos dejar de preguntarnos dónde está la voz de quienes fueron elegidos para representar a Tierra del Fuego en el Congreso de la Nación”, señaló, y agregó con dureza: “realmente no dejo de mirar con muchísima tristeza cómo los que ocupan las bancas solamente lo hacen para defender algunos intereses que no son los intereses de los fueguinos”.
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