El Gobierno analiza cobrar aranceles de salud y educación a extranjeros no residentes

Tras la polémica generada luego de la final del Mundial, la administración nacional evalúa impulsar una iniciativa para que los extranjeros sin residencia permanente paguen por la atención sanitaria y los estudios universitarios. La medida requeriría modificaciones legales y se suma al endurecimiento de la política migratoria.

El Gobierno nacional analiza avanzar con un proyecto para establecer el cobro de aranceles en los sistemas públicos de salud y educación superior a los extranjeros que no cuenten con residencia permanente en la Argentina. La iniciativa, que todavía se encuentra en etapa de evaluación, volvió a tomar impulso luego de la fuerte repercusión política y en redes sociales generada tras la final del Mundial de fútbol 2026.

La propuesta apunta a replicar a nivel nacional iniciativas que ya fueron impulsadas en algunos distritos y que forman parte de la agenda migratoria que el Gobierno viene promoviendo desde fines de 2024. Según trascendió, el objetivo sería que los extranjeros con residencia transitoria o que ingresen al país sin radicación permanente deban afrontar el costo de la atención médica en hospitales públicos y, en el caso de las universidades nacionales, habilitar la posibilidad de cobrar aranceles.

Desde el oficialismo sostienen que la discusión responde al principio de reciprocidad con otros países y a la necesidad de reducir el gasto público destinado a personas que no realizan aportes permanentes al sistema argentino. En las últimas horas, referentes de La Libertad Avanza también vincularon el debate con el clima generado tras la derrota de la Selección Argentina frente a España y las expresiones de algunos ciudadanos extranjeros residentes en el país, situación que derivó en una fuerte discusión pública.

No obstante, la implementación de una medida de estas características requeriría modificaciones normativas. En materia universitaria, la Ley de Educación Superior garantiza actualmente la gratuidad en las universidades nacionales, por lo que cualquier cambio debería ser debatido en el Congreso o adecuarse al marco de autonomía universitaria. En el caso de la salud, algunas provincias ya avanzaron con esquemas de cobro para extranjeros no residentes mediante legislación o decretos propios.

Uno de los antecedentes más citados es el de Salta, donde desde 2024 rige el cobro de la atención médica para extranjeros sin residencia permanente. Según datos difundidos por esa provincia, la medida redujo significativamente la demanda de pacientes extranjeros y generó un ahorro para el sistema sanitario provincial.

Hasta el momento no existe un proyecto nacional presentado formalmente en el Congreso, aunque en el entorno del Gobierno reconocen que la iniciativa forma parte de las alternativas que se analizan dentro de una política migratoria más restrictiva, orientada a endurecer los requisitos para el acceso a determinados servicios públicos por parte de personas que no poseen residencia permanente en el país.