El abogado Federico Rauch fue consultado por AIRE LIBRE FM y brindó detalles sobre la sentencia de primera instancia que hizo lugar a una demanda colectiva iniciada hace una década contra ocho automotrices, al considerar acreditado que se apropiaban de beneficios fiscales establecidos por la Ley 19.640 para los consumidores de Tierra del Fuego. La resolución ordena cesar esa conducta y prevé la devolución de lo cobrado en exceso a los casi 7.000 fueguinos que integran la acción judicial.
En diálogo con un medio radial, Rauch explicó que la demanda fue presentada en 2015 con el objetivo de determinar por qué los habitantes de la provincia pagaban los vehículos al mismo precio, o incluso más caros, que en el resto del país, pese a los beneficios impositivos que contempla el régimen de promoción fueguino.
El letrado recordó que la investigación tiene antecedentes en una denuncia presentada en 2008 ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Tras cinco años de auditorías realizadas tanto en las plantas automotrices como en las concesionarias de Tierra del Fuego, ese organismo concluyó que las terminales se apropiaban de los beneficios fiscales destinados a los consumidores y les aplicó una multa millonaria. Sin embargo, esa sanción fue posteriormente dejada sin efecto por la Justicia.
Ante esa situación, Rauch impulsó una demanda colectiva que reunió a 6.983 compradores de vehículos de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. «El juicio colectivo más grande de Latinoamérica», lo definió, tanto por la cantidad de personas representadas como por la magnitud económica de las empresas demandadas.
Según explicó, la sentencia de la Justicia Federal de Río Grande determinó que las automotrices se apropiaban de un 40,5% de los beneficios fiscales correspondientes a los consumidores fueguinos en los vehículos del Mercosur. En consecuencia, ordenó que cesen esa práctica y comercialicen los vehículos respetando las exenciones previstas por la Ley 19.640.
Rauch sostuvo que esto beneficiará no solo a quienes integran la demanda, sino también a todos los futuros compradores de vehículos en la provincia. «La sentencia ordena que los fabricantes envíen los vehículos sin apropiarse de esos beneficios, es decir, con precios aproximadamente un 40% más bajos», afirmó.
Asimismo, indicó que en el caso de los vehículos importados desde fuera del Mercosur la diferencia podría superar el 80%, debido a la mayor carga impositiva que también resulta alcanzada por el régimen promocional.
Respecto de quienes integran la demanda colectiva, el abogado explicó que, una vez que la sentencia quede firme, comenzará la etapa de ejecución, durante la cual cada uno deberá actualizar su documentación para calcular de manera individual el monto que le corresponde recuperar. La devolución comprenderá el porcentaje abonado de más, actualizado al valor actual del vehículo equivalente, más intereses y la multa prevista en la sentencia.
Rauch precisó que tanto las automotrices como la parte actora ya apelaron el fallo. Las empresas cuestionan la sentencia de fondo, mientras que la representación de los consumidores apeló algunos aspectos vinculados al mecanismo de liquidación de las indemnizaciones.
Ahora será la Cámara Federal la que deberá resolver si confirma o revoca el fallo. Cualquiera sea el resultado, el abogado anticipó que el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya sea por iniciativa de las automotrices o de los demandantes.
Finalmente, Rauch reconoció el poder económico de las empresas involucradas, aunque aseguró que continuará defendiendo la causa hasta las últimas instancias judiciales. «No tengo dudas de que puede ocurrir cualquier cosa por la influencia que tienen las automotrices, pero seguiremos adelante», concluyó.
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