Tierra del Fuego deberá rediseñar su sistema de justicia

La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil implicará cambios institucionales, legales y operativos en la provincia. Especialización, nuevos protocolos e infraestructura forman parte de los desafíos que deberán afrontar los tres poderes del Estado.

La entrada en vigencia de la nueva ley de responsabilidad penal juvenil marcará un cambio de paradigma para Tierra del Fuego y exigirá una profunda adaptación institucional. Así lo sostuvo el defensor del Ministerio Público de la Defensa de Ushuaia, Dr. Juan Carlos Núñez, quien explicó que desde el 5 de septiembre dejará de aplicarse el decreto ley de 1980 para dar paso a un sistema completamente diferente.

“Es totalmente distinto al sistema actual” anticipó en FM Centro. “Estamos regidos hasta el 5 de septiembre por el decreto ley 11.178 del año 1980, del gobierno militar, donde ahora va a cambiar por la ley 27.801. Fundamentalmente cambia el paradigma. Pasamos de un modelo tutelar a uno con características punitivas y resocializadoras”, afirmó luego.

Núñez remarcó que la reforma incorpora una baja en la edad de imputabilidad a los 14 años y crea nuevas figuras especializadas. “Aparecen figuras nuevas, como por ejemplo el fiscal infanto-juvenil, el defensor, un juez, aparece la Cámara de Apelaciones Infanto-Juvenil. Es todo un cambio”, señaló.

El defensor indicó que la especialización será uno de los ejes centrales del nuevo esquema y precisó que “el artículo 38 habla exclusivamente de la especialización, un fuero especial dentro del mundo del derecho penal juvenil”, con un enfoque que busca resocializar al menor, aunque con un sistema de penas diferenciado y un máximo de 15 años de privación de libertad.

Consultado sobre la preparación provincial, sostuvo que “acá se tienen que adaptar los tres poderes, porque se necesitan también leyes. Tierra del Fuego no tiene una ley de responsabilidad penal juvenil y ese es un desafío a futuro”. Además, recordó que la normativa exige que “no puede haber contacto entre los menores y los mayores”, lo que obligará a desarrollar espacios específicos para su alojamiento.

También anticipó que deberán reemplazarse los protocolos vigentes. “El protocolo que está hoy es historia. Hay que hacer algo nuevo, enfrentar una ley que es completamente diferente”, expresó.

Núñez aseguró que la prioridad será capacitar a operadores, docentes y familias para prevenir conflictos: “El tema no es llegar a la punición, sino evitarla”, y concluyó que el proceso demandará inversiones y una implementación gradual.