El Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura que funciona en la Legislatura Provincial, presidido por la Dra. Manuela Palacios Murphy, evidenció una ausencia notoria en la compleja problemática al descubierto en la Unidad de Detención 1.
Tras la serie de allanamientos de esta madrugada en que la Justicia investiga una presunta “asociación ilícita” entre penitenciarios y reclusos, que derivó en una brutal golpiza y vejámenes a 3 internos, desde el Poder Judicial notificaron a este ente.
Lo ocurrido el 9 de mayo pasado, hace más de un mes, no tuvo intervención alguna desde un organismo más declarativo que operativo.
Un organismo creado en el ámbito de un ya sobredimensionado Estado y que no presta utilidad alguna, ya que recién hoy fue notificado de eventos ocurridos hace un mes atrás, con tres reclusos trasladados a Ushuaia dentro de un servicio penitenciario que es investigado por posible connivencia con sus propios agresores.
La Justicia ya notificó de derechos y garantías a 10 presos y a 7 integrantes del Servicio Penitenciario, mientras solicita a este organismo de velar por la integridad física de los 3 reclusos trasladados a Ushuaia a fin de que puedan prestar declaración testimonial en los próximos días sin sufrir represalias dentro de un sistema sospechado de un grave marco de corrupción.
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