El Gobierno nacional acordó con rectores y gremios una recomposición salarial y presupuestaria para las universidades. Desde el sector destacaron el avance, aunque advirtieron que la discusión de fondo sobre el financiamiento sigue abierta.
Después de casi tres años de conflicto, movilizaciones y reclamos por la situación presupuestaria de las universidades nacionales, el Gobierno firmó un acuerdo con rectores y gremios docentes y no docentes que contempla mejoras salariales, actualización de partidas de funcionamiento y fondos adicionales para hospitales universitarios y becas estudiantiles.
El entendimiento incluye una recomposición salarial acumulada del 24,33% para docentes y no docentes, un incremento del 20% en las partidas de funcionamiento, una asignación extraordinaria de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios y una actualización del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Según vienen advirtiendo rectores, gremios y autoridades académicas, la medida representa un alivio para un sistema que enfrentaba dificultades para sostener actividades académicas, proyectos de investigación y programas de extensión.
La fuerza de una demanda social
Entre las primeras reacciones tras el anuncio, el dirigente universitario Emiliano Yacobitti sostuvo que el Gobierno «reconoció hoy, aunque todavía de manera insuficiente, un reclamo legítimo de las universidades y de toda la sociedad».
A través de sus redes sociales, consideró que la decisión constituye «un avance importante y un alivio necesario frente a la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades públicas».
Además, destacó el respaldo social que acompañó el reclamo universitario durante el conflicto.»Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo inmenso de la sociedad, de la comunidad universitaria y de los referentes de la cultura que se involucraron en esta lucha», afirmó.
Una discusión abierta
Pese al acuerdo, las universidades sostienen que el problema de fondo no está resuelto. Reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y un esquema presupuestario previsible que garantice el funcionamiento del sistema en el largo plazo.
«Vamos a seguir exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y un Presupuesto 2027 que vuelva a reconocer el valor central de la universidad pública», señaló Yacobitti.
Más allá de la mejora anunciada, el debate vuelve a poner en primer plano qué lugar ocupa la educación pública dentro de las prioridades del Estado. Para la comunidad universitaria, garantizar recursos estables sigue siendo una condición indispensable para sostener la formación profesional, la investigación científica y la igualdad de oportunidades en todo el país.
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