Legisladores vuelven a frenar la reforma y Melella recurre a la Justicia

Por la modificación de la Constitución se recalienta la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

La Legislatura insistió con la derogación de la ley que habilita la modificación parcial de la Constitución Provincial de 1991, ante lo que el gobernador respondió denunciando una maniobra “ilegal e inconstitucional”. Ahora la Justicia tiene la palabra.

La disputa política por la reforma parcial de la Constitución Provincial sumó un nuevo y explosivo capítulo luego de que la Legislatura fueguina ratificara el rechazo al proceso impulsado por el gobernador Gustavo Melella, quien anticipó que llevará el conflicto a la Justicia al considerar que se está avanzando sobre un procedimiento “ya iniciado conforme a derecho”.

La votación se produjo durante la sesión realizada el viernes último por la noche, donde el Parlamento insistió con la derogación de la Ley 1529, norma que había declarado la necesidad de avanzar con la reforma parcial de la Carta Magna fueguina.

El resultado fue de 11 votos a favor de la no realización de la modificación de la Constitución y  3 votos –  los de Federico Greve y Myriam Martínez, del bloque oficialista FORJA, y Natalia Dos Santos, de Sumemos Tolhuin  -a favor de reformularla.  Hubo además una ausencia, la del legislador oficialista Federico Sciurano, quien se excusó de participar alegando cuestiones familiares.

La situación profundizó el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y una parte importante del arco político provincial, en medio de una fuerte controversia que incluye una particularidad difícil de pasar por alto por la ciudadanía: buena parte de los legisladores que hoy rechazan la reforma habían acompañado en diciembre de 2023 la iniciativa que habilitó modificar la Constitución.

Tras conocerse la votación, Melella reaccionó con dureza a través de sus redes sociales y acusó a la Legislatura de avanzar con “una ilegalidad que atenta directamente contra las instituciones democráticas y la seguridad jurídica de la provincia”.

“Intentar frenar por ley un proceso de reforma constitucional que ya está en marcha constituye un hecho sin precedentes en la Argentina”, sostuvo el mandatario.

La decisión legislativa no sólo ratifica la derogación de la norma, sino que además ordena notificar de inmediato al Juzgado Electoral Provincial, a cargo de la jueza Mariel Zanini, para intentar frenar el proceso electoral convocado para el próximo 9 de agosto, fecha prevista para la elección de convencionales constituyentes.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la maniobra legislativa vulnera derechos políticos y desconoce “las reglas básicas del sistema democrático y republicano”, al tiempo que insistieron en que el procedimiento ya había sido formalmente iniciado mediante la convocatoria electoral.

Melella vinculó además el rechazo a la reforma con intereses políticos que, según afirmó, buscan preservar privilegios dentro de la estructura institucional fueguina.

“Hay sectores que no quieren perder privilegios en la política de Tierra del Fuego. Nuestra provincia necesita reformarse, renovarse, mirar hacia adelante y no vivir atada al pasado”, expresó.

El gobernador también cuestionó que la Legislatura avanzara nuevamente “en horas de la madrugada” con una norma que el oficialismo considera manifiestamente inconstitucional.

“Repiten prácticas que deterioran la calidad institucional y generan una profunda incertidumbre jurídica”, sostuvieron desde Casa de Gobierno.

Ahora el conflicto ingresará en una etapa judicial, donde deberá definirse si la Legislatura puede retrotraer un proceso de reforma constitucional ya iniciado o si, por el contrario, el mecanismo puesto en marcha por el Ejecutivo debe continuar su curso hasta la elección de convencionales.

Mientras tanto, la discusión política continúa escalando en intensidad y deja expuesta una fuerte fractura dentro del escenario político fueguino alrededor de una eventual modificación de la Constitución sancionada en 1991.