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02/04 2025

Como era de prever, el discurso que dio el presidente Javier Milei en Buenos Aires, durante el acto en recordación del 43° aniversario de la guerra de Malvinas, despertó controversia y rechazo, particularmente por un párrafo en el que alude a “los deseos” de los kelpers, habitantes ilegales de las Islas Malvinas, respecto de la soberanía sobre el archipiélago.

En su alocución, que dedicó en gran parte a disputas internas que nada tienen que ver con la disputa de soberanía, el presidente manifestó “Buscamos ser una potencia para que los malvinenses decidan ser argentinos”, en clara referencia al concepto de “autodeterminación” rechazado históricamente por la diplomacia argentina.

“Si de soberanía sobre las Malvinas se trata –prosiguió- nosotros dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace por los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”.

De inmediato, y en el marco del rechazo generalizado que esas palabras provocaron en la provincia y en los círculos cercanos a los Excombatientes de Malvinas, el senador por Tierra del Fuego Pablo Daniel Blanco (UCR) elaboró un proyecto de comunicación que será presentado formalmente este jueves, por el que propicia que el Senado de la Nación requiera “al Poder Ejecutivo, en el marco previsto por el Art. 100 inciso 11 de la Constitución Nacional, la presencia del Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a fin de informar a la Comisión de Relaciones Exteriores de este cuerpo acerca del discurso del día de la fecha del Señor Presidente de la Nación con motivo del homenaje a los caídos y heridos en la Guerra por Malvinas de 1982 en el en relación con el mandato constitucional sobre la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.

Al respecto, el proyecto propone requerir información particular, acerca de.

1)           El sentido del propósito y fundamentos de la declaración del Sr. Presidente en relación con el “anhelo” del voto de los malvinenses por ser argentinos.

2)           Las medidas a adoptar ante los organismos internacionales que entienden en la causa Malvinas a fin de mitigar los devastadores efectos que tal declaración puede tener en el sostenimiento de las posiciones argentinas al respecto.

3)           Cual es la estrategia de gobierno respecto de la cuestión Malvinas, cuales son las acciones para garantizar su coherencia en el tiempo y en qué documento ha dejado plasmada la misma como política de gobierno.

🇦🇷 Repudio y rechazo los dichos de @JMilei . Habilita la autodeterminación de quienes viven en Malvinas y condiciona nuestra soberanía a ser una “potencia mundial”.

❌La soberanía no se negocia, se defiende con hechos.

Las Malvinas son, fueron y serán fueguinas y argentinas🇦🇷 pic.twitter.com/76bGzRzhq3

— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) April 2, 2025

Fundamentos

En los fundamentos de su proyecto de Resolución, Blanco recuerda que “Las relaciones exteriores constituyen un activo del pueblo de la Nación Argentina y no un medio de transaccional de las autoridades de la Administración Pública Nacional de turno para obtener beneficios económicos coyunturales”.

“El reclamo permanente –remarca- por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias e Islas del Atlántico Sur y sus espacios circundantes es un mandato constitucional que obliga a su consideración en cada acción de gobierno. En cada evento, en cada asunto y en cada situación, el Poder Ejecutivo debe evaluar cuidadosamente cuál es la contribución de su acción u omisión en relación con el dicho constitucional al respecto”.

Destaca luego que “esta declaración (del presidente Milei) afecta severamente la postura sostenida por la Argentina en foros internacionales, ya que acepta implícitamente la aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos, cuando la posición histórica de nuestro país, respaldada por las Naciones Unidas, ha sido que en este caso rige el principio de integridad territorial”.

En efecto, en el marco de la descolonización, la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU (1960) – “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, establece el derecho a la descolonización de los pueblos sometidos a dominación colonial y en su párrafo 6 aclara que la autodeterminación no puede usarse para quebrantar la integridad territorial de un país.  Para la República Argentina se aplica al caso Malvinas, ya que el Reino Unido ocupó ilegalmente el territorio en 1833. Por otra parte la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU (1970)  “Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados” establece que “Ninguna disposición de los párrafos precedentes se interpretará en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes.”, sentencia Pablo Blanco.

En ese contexto, la Asamblea General de las Naciones Unidas recogió esta doctrina – de aplicación del principio de integridad territorial al hacer referencia a los intereses y no a los deseos de la población de las Islas – en su resolución 2065 (XX) de 1965, ratificada posteriormente por otras resoluciones en 1973 (3160, XXVIII) 1976 (31/49), 1982 (37/9), 1983 (38/12), 1984 (39/6), 1985 (40/21), 1986 (41/40), 1987 (42/19) y 1988 (43/25).

Lamenta el senador fueguino que “Las declaraciones del Señor Presidente constituyen un flagrante en contra de lo establecido en la Constitución Nacional en el sentido de la reivindicación la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur por ser parte integrante de su territorio”.

Evalúa luego que “En el marco de las RREE, vitales para el sostenimiento de dicho mandato constitucional, tales declaraciones afectan negativa y severamente las posiciones de nuestro país en los distintos Organismos Internacionales en los que resulta determinante el mantenimiento de la coherencia. El daño a los más altos intereses de la Nación Argentina no podría ser peor. En tal sentido, generan una amarga sensación de repudio y preocupación”.

“Repudio porque dicha posición implica una afrenta a la memoria de quienes dejaron su vida en el territorio de las Islas Malvinas y las Georgias así como en las heladas aguas del Atlántico Sur. La historia demuestra con claridad que se trata de un reclamo justo por el cual dieron su vida hijos de la patria sin preguntar sobre conveniencias políticas o económicas de tal o cual postura. Los militares y civiles argentinos que perdieron su vida en el combate o por suicidio frente a la desidia del Estado, merecen que la fuerza que ellos pusieron en dar su vida por la patria se mantenga y refuerce a lo largo del tiempo, para dar sentido a su entrega. El Presidente debería ser el portador más vigoroso de ese legado, el reivindicador de la sangre derramada y el portador más vigoroso de la causa”.

Traición a la Patria

“Es inevitable –convoca el senador fueguino- identificar una fuerte componente de hipocresía y engaño puesto que en los mensajes hacia la población se exalta la causa de Malvinas pero hacia afuera se debilitan las posiciones que sustentan, en el orden internacional, las condiciones de posibilidad para recuperarlas”. “Con independencia de la ley penal, que siempre es lábil y beneficia al trasgresor, en el plano de lo moral estas declaraciones son una TRAICION A LA PATRIA”, acusa duramente Blanco.

Explica luego el concepto de “preocupación”, por “los motivos y las consecuencias de tales declaraciones”. “El Poder Ejecutivo deberá explicar si se trata de una de tantas acciones irreflexivas, basadas en la superficialidad en el manejo de los intereses nacionales a los que, como en el caso LIBRA, lamentablemente nos tiene acostumbrados el gobierno o bien es el producto de una estrategia macabra de entrega de la soberanía de Malvinas a cambio de favores políticos para sostenerse en el poder. Esta última opción no es tan distinta de la malversación que la Junta Militar hizo de la causa Malvinas por la misma causa llevándonos a una guerra tan irracional en sus fines como moralmente vergonzosa para perpetuarse en el poder”. 

“La segunda opción es la más preocupante de todas puesto que el Poder Ejecutivo ya ha dado muestras acabadas de una política de entrega de la soberanía a cambio de beneficios políticos para el partido gobernante. Las declaraciones de la ex Ministra Diana Mondino en Septiembre de 2023 en el sentido de “respetar los derechos de los isleños” muestran una alineación tan macabra como dañina”.  

“En esa línea –reflexiona-  es imprescindible mencionar la abstención de la República Argentina en la votación de la Asamblea General de la ONU respecto de la integridad territorial de Ucrania, lo cual contradice los principios que nuestro país ha sostenido históricamente en relación con Malvinas. La integridad territorial ha sido la piedra angular de los reclamos argentinos ante la comunidad internacional, y esta abstención debilita nuestra posición al generar un antecedente contrario a nuestros intereses”.

“La exaltación de los derechos de los isleños y el debilitamiento del principio de integridad territorial no hacen otra cosa que debilitar severamente las posiciones argentinas”.

“Las relaciones exteriores son un activo de la República y no son un medio transaccional para obtener beneficios económicos coyunturales para los gobernantes de turno a expensas de intereses nacionales que, como es el caso de Malvinas, están tutelados por la Constitución Nacional y deben trascender la gestión”, finaliza el texto del proyecto de Comunicación impulsado por el legislador nacional, representante de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

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