En la Segunda Sesión Ordinaria del año, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó un decreto que autoriza a la presidente del cuerpo, Gabriela Muñiz Siccardi, a realizar las gestiones administrativas necesarias para ejecutar obras en la planta baja del “Nuevo Edificio del Concejo Deliberante”. La iniciativa, que implica un gasto millonario sin precisiones exactas pero con estimaciones de entre 250 y 360 millones de pesos, fue aprobada sin tratamiento previo en comisiones, lo que generó fuertes críticas de la oposición.
El proyecto fue ingresado sobre tablas y recibió el respaldo del bloque oficialista, compuesto por Gabriel de la Vega (PJ), Laura Ávila (PJ), Nicolás Pelloli (PJ) y Yésica Garay (PJ), además del apoyo de los concejales de FORJA, Analía Escalante y Fernando Oyarzún. En contra votaron Daiana Freiberger (Provincia Grande), Belén Monte de Oca (LLA), Vladimir Espeche (MPF) y Valter Tavarone (Somos Fueguinos).
El decreto aprobado establece que los fondos provendrán del presupuesto del propio Concejo Deliberante, sin estar previstos en el presupuesto anual del organismo ni en el de la Municipalidad de Ushuaia. Además, permite la realización de licitaciones públicas, privadas o contrataciones directas para la ejecución de los trabajos, según lo determine la normativa vigente.
Los trabajos incluirán cerramientos y adecuaciones en la planta baja para su operatividad. Sin embargo, en el expediente tratado en la sesión no se detallaron costos exactos ni un cronograma de ejecución. La oposición cuestionó la falta de documentación técnica respaldatoria, ya que los planos presentados no estaban firmados por profesionales ni contenían cálculos estructurales.
Desde la oposición, la concejal Daiana Freiberger (Provincia Grande) rechazó la medida y sostuvo que “hoy las prioridades del Concejo Deliberante son otras”. Además, cuestionó la falta de claridad en los montos: “No se sabe si son 250 millones o 360 millones, depende a la reunión a la que vas es lo que se te informa extraoficialmente”. También denunció que los anexos del decreto “no están firmados por profesionales” y criticó que “se nos impone una decisión sin la posibilidad de debatirla adecuadamente”.
Por su parte, Valter Tavarone (Somos Fueguinos) señaló que “esta obra no estaba dentro del presupuesto del Concejo ni en el de la Municipalidad” y sostuvo que “esa partida podría haberse destinado a una mejora salarial de nuestros propios trabajadores que hoy lo están necesitando”. Además, consideró que “los planos son croquis que no están firmados por un profesional y me parece que la tramitación debería haber sido más prolija”.
Vladimir Espeche (MPF) también cuestionó el mecanismo utilizado para la aprobación: “Podemos hablar, podemos reunirnos, pero es importante tener la documentación. El decreto adolece de muchas cuestiones de forma en donde no tenemos control ni injerencia, es dar un cheque en blanco”. También denunció que “los empleados del Concejo Deliberante sufren violencia laboral y salarios indignos, porque están bajo la línea de la pobreza”.
Ante los cuestionamientos, la presidente del Concejo Deliberante, Gabriela Muñiz Siccardi, defendió la medida y aseguró que “los planos están aprobados y firmados por profesionales” y que “el expediente puede ser consultado en Obras Privadas”. También justificó la urgencia del tratamiento al sostener que “en esta Argentina todos sabemos que los precios varían”, por lo que la primera etapa de la obra “podría costar aproximadamente 250 millones de pesos”. Desde la oposición insistieron en que se trata de un gasto millonario aprobado de manera improvisada y sin garantías de transparencia.
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