Llegó la fecha de los comicios sin definición de la Justicia

11/11 2024 Ayer domingo 10 de noviembre, los fueguinos debíamos votar para elegir a los convencionales constituyentes que reformaran la Carta Magna provincial. La intervención de la Justicia agotó los plazos y al día de hoy, no se conoce definición al respecto sobre el tema de fondo.

USHUAIA.- La semana pasada se cumplieron tres meses de que el Superior Tribunal de Justicia dispuso la suspensión por 30 días de las elecciones previstas para el 10 de Noviembre, en la que los fueguinos debían elegir 15 convencionales constituyentes titulares y 8 suplentes.

En aquella oportunidad, la Corte Fueguina hizo lugar a un amparo presentado por el Legislador Jorge Lechman, quien solicitó se evalúe “si la declaración de necesidad de reforma constitucional contenida en la Ley Provincial 1529 se encuentra caduca” y de “de manera subsidiaria” se analice si la ley “resulta inconstitucional”.

La norma, promulgada el 29 de diciembre del año pasado, establecía que el Gobernador tenía un plazo de 210 días para fijar la fecha de las elecciones, hecho que se oficializó recién el 29 de julio. La medida fue dispuesta mediante decreto 1656/24 fechado el 25 de julio pasado y publicada en el Boletín Oficial del día 29 de julio.

Posteriormente, la Jueza Electoral estableció el cronograma para la confección del padrón y presentación de las listas, pero luego de lo dispuesto por el Superior Tribunal, comunicó a los partidos políticos la suspensión del acto electoral fijado para el 10 de noviembre en razón de este fallo.

El texto de la Ley Provincial 1529 sancionada el 13 de diciembre por mayoría de la Legislatura y que declaró la necesidad de la reforma, no fue publicado inmediatamente después de promulgada en los medios de comunicación, tal como lo manda la Constitución.

El Superior Tribunal de Justicia debía determinar si la reforma constitucional contenida en la Ley Provincial 1529 por la Legislatura en diciembre del año pasado, había caducado en los plazos de su convocatoria. Además, el legislador Lechman había planteado la falta de fundamentos para justificar la modificación de la Constitución.

A pesar de la orden judicial de suspender las elecciones, el Gobierno avanzó en la publicación de la convocatoria a elecciones y advirtiendo que se podría incurrir en “desacato”, desde el Superior Tribunal de Justicia intimaron al Ejecutivo que se abstenga de realizar acciones tendientes a seguir adelante con el llamado a elecciones.

En el marco de esta investigación por posible desacato que luego fue desestimada, el 22 de agosto se realizó un allanamiento en la casa de Gobierno provincial por orden del Juzgado de Instrucción N°1 a cargo del Dr. Sergio Alberto Pepe.

Frente a todo el andamiaje legal que se puso en marcha, todavía la ciudadanía espera un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Aunque lo que decidan, sea demasiado tarde.

Buena salud

Por su parte, el legislador Jorge Lechman, celebró ayer que la Constitución Provincial permanezca intacta tras haberse frenado la convocatoria a elección de convencionales constituyentes para debatir una reforma, a la que considera innecesaria y costosa. Destacó que, a través de la medida cautelar presentada el 5 de agosto, se evitó un gasto de más de 4.000 millones de pesos. “Hoy es un día de festejo para los fueguinos; nuestra Constitución goza de buena salud”, afirmó el parlamentario.

Lechman aseguró que el objetivo central de la reforma era obtener mayor influencia sobre instituciones clave de la provincia, como el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas. “Lo que realmente se pretende es ejercer control sobre jueces y miembros de tribunales a conveniencia. La Constitución ya prevé mecanismos para remover a quienes no cumplen con sus funciones, pero lo que busca el Ejecutivo es manejar estos cargos y apartar a quienes no se alineen con sus intereses”, denunció.

El dirigente político destacó la importancia de que los jueces y miembros de los tribunales puedan desempeñar sus funciones sin presiones externas. “El Tribunal de Cuentas, cuya misión es fiscalizar el uso de los fondos públicos, incomoda al gobierno porque está haciendo su trabajo. Eso es lo que realmente está en juego”, afirmó.

Lechman insistió en que la verdadera prioridad debe ser resolver los problemas que afectan diariamente a la población. “Miles de familias no tienen trabajo ni acceso a servicios básicos, y el gobierno parece más preocupado por sus intereses políticos. Es inaceptable que se desvíen recursos en una reforma que no responde a las necesidades reales de la provincia”, finalizó.

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