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04/10 2024 En una audiencia presidida por la jueza Raquel Tassello, se dictó la prisión preventiva de G.D.M. por dos meses, acusado de abuso sexual contra dos menores. La fiscalía argumentó peligro de fuga y entorpecimiento del proceso. (El Patagónico)

En la tarde del pasado jueves, se llevó a cabo una audiencia de control de detención en Comodoro Rivadavia, donde G.D.M. fue imputado por abuso sexual intrafamiliar. La audiencia fue presidida por la jueza penal Raquel Tassello, con la participación del fiscal general Adrián Cabral y la procuradora Gabriela Gómez, representando al Ministerio Público Fiscal. Las víctimas menores fueron co-representadas por Andrea Mac Garva de la Asesoría de Familia, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo de Janet Alderete.

El fiscal Cabral destacó la existencia de una orden de rebeldía y captura contra G.D.M. por no presentarse al Cuerpo Médico Forense en un caso previo de abuso sexual. La detención del imputado se produjo durante un allanamiento relacionado con otro delito no vinculado al caso de abuso. Cabral solicitó la legalidad de la detención y la prisión preventiva del imputado, argumentando que G.D.M. ha demostrado una intención de evadir el proceso judicial y que los hechos imputados son de extrema gravedad, involucrando a dos menores de edad.

La asesora de familia, Andrea Mac Garva, solicitó la remisión de copia del legajo al Juzgado de Familia y al Servicio de Protección de Derechos, destacando la necesidad de prohibiciones de acercamiento del imputado a las víctimas.

La defensora Alderete no se opuso a la legalidad de la detención, pero propuso medidas menos gravosas que la prisión preventiva, como presentaciones semanales ante la autoridad judicial y prohibiciones de acercamiento. Subsidiariamente, solicitó que la prisión preventiva sea por 15 días para realizar las pericias correspondientes.

Finalmente, la jueza Tassello resolvió declarar legal la detención de G.D.M., dejando sin efecto las órdenes de rebeldía previas y dictando la prisión preventiva por dos meses, conforme a lo solicitado por la fiscalía, debido al peligro de fuga y entorpecimiento del proceso.

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