La fiscal Johanna Irribarra Alarcón pidió la prisión, pero la jueza Paula Stange desestimó que los antecedentes expuestos tuvieran la connotación de un delito tan grave como el imputado al detenido, S.A.L.B., y no dio lugar a la medida cautelar.
Frente a este escenario, la fiscal apeló verbalmente para que sea el tribunal de alzada el que en definitiva resuelva esta controversia: si procede la prisión o el arraigo nacional y prohibición de acercamiento a la víctima, que ordenó la magistrada.
La agresión se dio en el contexto de una infidelidad del denunciado, al involucrarse con una mujer de un local nocturno.
Tal situación la descubrió la pareja, de nacionalidad paraguaya, con quien tienen una hija en común. Esto no lo podía dejar pasar y se lo enrostró. Más aún cuando descubrió que en el celular aún mantenía el contacto de aquella mujer.
Esto desató una discusión y recriminaciones mutuas. “Hasta que la tomó por la espalda y del cuello, con sus brazos. Y con la intención de darle muerte procedió a estrangularla, arrojándola al suelo, procediendo a inmovilizarla lo que provocó que la víctima dejara de respirar por unos segundos. Logrando recuperar el aliento para solicitar ayuda”, según expuso la fiscal en la audiencia de control de detención.
El hombre salió de la habitación pero no sin antes decirle a la mujer que iría a buscar un cuchillo para matarla. En esos instantes grita “¡auxilio, auxilio!”.
En la casa se encontraba la mamá y la hermana de la víctima, quienes salieron a socorrerla. La víctima, que tiene residencia definitiva en Chile, sufrió lesiones de mediana gravedad, en contexto de violencia intrafamiliar.
La mujer declaró ante la PDI que le costó hacer la denuncia, porque viven juntos hace más de cuatro años, “y nunca había existido violencia física, pero sí en ocasiones se enojaba y decía garabatos o golpeaba la mesa”.
En el tribunal le fue exhibido a la jueza un video captado por una cámara de seguridad, con la agresión a la víctima. En ese momento el público fue retirado de la sala del tribunal.
Esto no fue suficiente para que la magistrada diera por acreditado el femicidio frustrado, y menos para otorgar la prisión preventiva para el imputado, quedándose con la teoría de la defensora, Fernanda Martínez.
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