En el marco de la crisis eléctrica que afecta a Tierra del Fuego, el Tribunal de Cuentas ordenó una auditoría en la Dirección Provincial de Energía para asegurar la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos destinados a enfrentar la emergencia.
El Tribunal de Cuentas de la provincia dispuso una auditoría en la Dirección Provincial de Energía (DPE) en medio de la crisis energética que afecta a Ushuaia y a las otras ciudades de Tierra del Fuego. La medida se enmarca en la emergencia eléctrica declarada por el gobierno provincial a través de un decreto que busca enfrentar la grave situación del suministro eléctrico.
La auditoría, que abarcará los aspectos operativos, financieros y normativos de la DPE, tiene como objetivo garantizar la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos asignados para mitigar la crisis. La emergencia fue decretada debido a la “insuficiencia en la capacidad de generación” que afecta básicamente a Ushuaia, Tolhuin, Almanza y San Sebastián, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico provincial.
El Tribunal subrayó la importancia de evaluar la “eficiencia, eficacia y economía de las operaciones de la DPE, así como la confiabilidad de la información financiera”. Esta acción se alinea con los objetivos del decreto de emergencia, que delega la implementación de soluciones al ministro de Energía y otros organismos provinciales.
Además, el gobierno provincial instruyó a la DPE a anular las licitaciones no adjudicadas que no estén directamente vinculadas a la emergencia, con el objetivo de reasignar esos recursos a la normalización de la generación de energía en las áreas afectadas.
El Tribunal de Cuentas también se comprometió a mantener un seguimiento cercano del proceso y a informar sobre los avances de la auditoría para asegurar la transparencia en la gestión de la crisis. “La transparencia en la administración pública es un pilar fundamental en momentos de crisis, y esta auditoría es una herramienta clave para garantizarla”, expresó el organismo.
El Tribunal ya había advertido que durante el ejercicio 2023, la DPE ejecutó solo 35 millones de pesos en construcciones, pese a contar con un crédito presupuestario de 264,9 millones de pesos, lo que significa que no utilizó el 86,5% de los recursos destinados a obras proyectadas. Este antecedente, junto con otros informes previos que destacaban la necesidad de una auditoría integral, refuerza la urgencia de la medida adoptada.
El informe concluye que, dada la persistente y crítica situación del sistema de generación energética de la DPE, es esencial continuar con la búsqueda de personal especializado para llevar a cabo la auditoría en todos los aspectos necesarios.
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